Alrededor de 650 mil viviendas en el país se encuentran en el abandono en 378 municipios del país, por lo que, la diputada del Partido del Trabajo, Lilia Aguilar Gil propone que la Política Nacional de Vivienda considere el establecimiento de esquemas y mecanismos institucionales para la recuperación de vivienda en condición de abandono, con respeto al principio de legalidad, y con criterios de habitabilidad, accesibilidad y ubicación.Carencia habitacionalLa legisladora destacó que la acción de abandonar una vivienda se ha vuelto cada vez más recurrente en una sociedad que tiene una enorme carencia habitacional y subrayó que no dejan su hogar por gusto, sino por diferentes motivos.El Censo de Población y Vivienda 2020 muestra un rezago habitacional de 26.5 por ciento de la población total.“Requerimos viviendas para 33 millones 284 mil 723 de personas que no cuentan con una y, si se quiere lograr un adecuado desarrollo de nuestra nación, debemos garantizar el derecho a una vivienda que, además, acorde a los compromisos internacionales signados por el Estado mexicano, sea adecuada”, añadió.De acuerdo con el Atlas del Abandono de Vivienda, las casas en esta condición se ubican en 378 municipios que representan el 84 por ciento de la vivienda en desuso a nivel nacional.El estudio relaciona los siguientes municipios con mayor cantidad de vivienda abandonada:Juárez, ChihuahuaTijuana, Baja CaliforniaTlajomulco de Zúñiga, JaliscoZumpango, Estado de MéxicoReynosa, TamaulipasTorreón, CoahuilaLeón, GuanajuatoMexicali, Baja CaliforniaAltamira, TamaulipasJuárez, Nuevo LeónProgramas de desplazamiento de viviendaEl Infonavit en su Informe Anual de Actividades 2020 sostiene que, como parte de la Estrategia de Atención a Vivienda Abandonada, en ese año se desarrollaron e implementaron tres programas de desplazamiento de vivienda, los cuales permitirán el desarrollo de centros urbanos ordenados, sostenibles, con infraestructura y servicios suficientes, un mayor cuidado del medio ambiente y una mejor calidad en las viviendas. Por ello, la legisladora del PT señaló que las reformas que propone se contendrá estrategias y líneas de acción para la recuperación y reasignación de dichas viviendas a la población solicitante.Agregó que el porcentaje de viviendas en condición de abandono será criterio de evaluación de los objetivos de dicho Programa y del cumplimiento de las labores de las dependencias encargadas de su instrumentación.Factores de abandonoLa exposición de motivos de la propuesta, enviada para dictamen a la Comisión de Vivienda, resalta que es necesario atender de manera integral esta problemática, a fin de evitar la repetición de esquemas que en el pasado derivaron en abandono, deterioro urbano y conflictos sociales.Consideró que no todas las viviendas en abandono son susceptibles de recuperación, por lo que se requieren parámetros claros y viables para su reincorporación al mercado habitacional.Subrayó la necesidad de que el Estado recupere la rectoría en materia de vivienda, mediante una política integral que considere tanto las condiciones materiales de los inmuebles como su entorno urbano, garantizando infraestructura, servicios y cercanía a fuentes de empleo.Políticas de viviendaLa recuperación y reasignación de viviendas debe realizarse con total transparencia y certeza jurídica, evitar procesos de intermediación que no han resultado eficaces, como las subastas, y priorizar una relación directa entre los organismos de vivienda y las personas solicitantes, enfatiza.Además, señaló, es de vital importancia establecer candados para evitar que el problema subsista, pues la política de vivienda debe cambiar para lograr que las personas beneficiadas tengan la certeza de que han encontrado el bien preciado que les brindará todos los derechos.El estudio denominado La problemática del abandono de la vivienda de interés social en las ciudades globales, una mirada desde sus habitantes describe desde una perspectiva local, cómo la producción masiva de fraccionamientos en franja periurbana, resultado de una política de vivienda cuya pretensión es satisfacer necesidades habitacionales, ha dado lugar a una problemática de segregación urbana, abandono de vivienda y la precarización en invasión de inmuebles.El estudio referido muestra la interacción de dos formas de organización, la de los propietarios que adquirieron la vivienda de manera legal y legítima, y la de ocupantes de viviendas en condiciones de abandono.Sugiere también que esta situación podría estarse replicando en diversos lugares dando lugar a conflictos sociales que derivan en problemas de seguridad pública, tenencia de la propiedad y división social que afecta la convivencia entre las personas.Cercanía de oportunidadesLa búsqueda de oportunidades de mejora económica, laboral y de servicios, dio lugar a la migración de población rural hacia las ciudades generando desarrollo periurbano desde la mitad del siglo pasado, acentuándose en los años ochenta.Esta necesidad de crecimiento de las ciudades se manifestó en la construcción de complejos habitacionales de forma desmedida y sin una planeación urbana, aprovechando el bajo costo que representa la urbanización en terrenos periféricos, sin una valoración objetiva de su aptitud, condición y de la existencia de una adecuada infraestructura y/o equipamiento, y dejando de lado una zonificación de suelo que atiende a las necesidades de una ciudad debidamente ordenada.La carencia de habitabilidad de las viviendas ha llevado a personas y familias a buscar solucionar su necesidad de habitación más cercana a sus centros de trabajo, con el resultado evidente de abandono y su implicación más inmediata: la falta de pago de los créditos respectivos.Las personas no abandonan una vivienda por gusto, pues éstas representan lo más significativo de sus aspiraciones patrimoniales. Sin embargo, no encontrar una vivienda habitable y cercana a los centros urbanos genera la existencia de viviendas deshabitadas, en algunos casos incluso, sin encontrarse en cartera vencida o con créditos liquidados.Lo anterior, además, puede dar lugar a actos ilegales como el despojo, con un costo económico para los afectados y un costo social en materia de seguridad pública y de sostenimiento de los servicios públicos.“Podemos afirmar entonces que el proceso de abandono de viviendas es resultado de una política errática que debemos afrontar con objetividad, considerando el derecho de las personas que, hasta el momento, no cuentan con elementos suficientes para desarrollarse ante la cantidad de tiempo invertido en los recorridos diarios y que impacta negativamente en su bienestar, sus relaciones familiares y personales”, subrayó la legisladora.JCC