Cuando se condena al propietario de un piso por un delito de coacciones y una multa de 600 euros, por haber intentado desalojar a una okupa, tocando el timbre durante horas, algo no funciona y explica claramente el porqué de la retirada del alquiler de muchos inmuebles, agravando hasta límites insostenibles el problema de la vivienda. La ocupación de un piso supone años de pleitear, años de hacerse cargo de los gastos que genera y, en la mayoría de los casos, una vez que se ha recuperado, costear una reforma por los daños causados, algunos muy elevados. O la ley cambia o la situación se tornará mucho peor. No es el dueño el que tiene que solucionar el problema sino la Administración. Son las instituciones las que tienen que hacerse cargo de las personas que no tienen donde vivir y procurarles una vivienda o un lugar en el que estar, porque los particulares no pueden asumir funciones que sólo corresponden a los poderes públicos. No se puede exigir a nadie que, tras media vida pagando una hipoteca, se esté de brazos cruzados mientras ocupan su casa.