Castilla-La Mancha ha arrancado la cuenta atrás para comenzar 2026 con los deberes hechos, una circunstancia cada vez más excepcional en el conjunto del país y que vuelve a situar a la región en una posición de ventaja institucional. La publicación este lunes en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de la Ley de Presupuestos Generales de la Junta para 2026 ha confirmado que la comunidad autónoma será una de las pocas que iniciará el nuevo ejercicio con las cuentas aprobadas y en vigor desde el 1 de enero, un hecho que refuerza la imagen de estabilidad política y capacidad de gestión del Ejecutivo socialista que preside Emiliano García-Page. Mientras otras comunidades siguen instaladas en la prórroga presupuestaria, el bloqueo parlamentario o la dependencia de pactos frágiles, Castilla-La Mancha ha consolidado una senda de certidumbre que permite planificar, invertir y ejecutar políticas públicas sin sobresaltos. Un escenario que contrasta con el discurso permanente del Partido Popular y Vox, más centrado en el desgaste político que en ofrecer alternativas viables, y que ha quedado una vez más en evidencia durante la tramitación de unas cuentas que han vuelto a priorizar el Estado del Bienestar frente al ruido ideológico. Las cuentas para 2026, aprobadas por las Cortes de Castilla-La Mancha en el pleno celebrado el pasado 17 de diciembre, ascienden a 12.903 millones de euros, con un crecimiento del 1,5% respecto a 2025. Un incremento moderado, alejado de aventuras presupuestarias, que evidencia una política económica basada en el rigor y no en promesas grandilocuentes. Frente a los recortes y la inestabilidad que marcaron la etapa del PP en el Gobierno regional, el Ejecutivo de García-Page ha mantenido una línea continuada de consolidación de servicios públicos desde 2015. El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, defendió estas cuentas como un presupuesto articulado en torno a cuatro grandes pilares: el Estado del Bienestar, la actividad empresarial y el empleo, la transformación digital y la transición ecológica, y el reto demográfico. El primero de ellos vuelve a ocupar un lugar central, destinando el 72% del gasto no financiero, cerca de 7.500 millones de euros, a garantizar una redistribución justa de la riqueza y a blindar sanidad, educación y servicios sociales, pese a la oposición sistemática de PP y Vox a este modelo. El impulso económico también tiene un peso relevante, con 3.200 millones de euros orientados a la actividad empresarial y la creación de empleo. Una apuesta que demuestra resultados en los últimos años y que ha situado a Castilla-La Mancha entre las regiones con mejores indicadores laborales, muy lejos de los augurios catastrofistas de la derecha regional, que ha votado en contra de unas cuentas que precisamente sostienen el crecimiento y el empleo. La tercera y la cuarta pata del presupuesto refuerzan una visión de futuro que trasciende el corto plazo. Más de 2.100 millones de euros se orientarán de forma transversal a la lucha contra la despoblación, situando a Castilla-La Mancha a la vanguardia de España y...