Los servicios sociales del Ayuntamiento de Huelva se encuentran en una situación límite. La delegada de CSIF en el consistorio, Charo Martín, ha denunciado la falta de personal estructural para atender a una ciudad de casi 144.000 habitantes, una carencia que se agrava por la dependencia de personal temporal ligado a subvenciones. 'Una trabajadora social por cada 1.700 habitantes es una utopía en Huelva', lamenta Martín, quien señala que actualmente solo hay nueve trabajadoras sociales de estructura. Esta escasez de medios impide realizar un trabajo de prevención, derivando en un modelo de atención 'finalista' y 'asistencialista'. Uno de los pilares más afectados es el de la atención a la dependencia. Martín critica un sistema que, en su opinión, 'es un pilar fundamental de la ciudadanía, pero es un pilar que no funciona'. La gestión de expedientes recae en la Junta de Andalucía, mientras que el ayuntamiento apenas cuenta con dos personas de refuerzo para el seguimiento. El servicio de ayuda a domicilio está externalizado a empresas privadas, con una plantilla feminizada en un 90%, salarios bajos y un alto riesgo de desgaste profesional. Los recursos que se destinan son, además, insuficientes. Una persona con gran dependencia recibe un máximo de 90 horas al mes de ayuda a domicilio, una cifra que Martín califica de 'imposible' para garantizar un cuidado adecuado. 'Con eso es imposible atender a una persona gran dependiente', afirma. Como consecuencia, la responsabilidad principal del cuidado recae una vez más sobre las familias y, dentro de ellas, mayoritariamente sobre las mujeres. La situación es también crítica para otros colectivos. El número de personas sin hogar en Huelva 'está creciendo de manera exponencial', y el centro de acogida, con 'muy poquitas plazas', está casi siempre completo. Las medidas, como alojamientos puntuales en hostales durante olas de frío, son 'excepcionales'. De forma paralela, Martín denuncia las 'condiciones infrahumanas' en las que viven los migrantes en asentamientos agrícolas, donde 'los derechos humanos se pierden' y son las ONG las que cubren sus necesidades básicas. El diagnóstico de fondo que realiza la representante sindical apunta a un modelo erróneo. Critica las políticas sociales 'asistencialistas' marcadas desde la administración central y autonómica, que se centran en 'dar dinero para recursos finalistas' pero sin un acompañamiento real. 'De nada sirve dar recursos si no van unidos a una intervención real y comunitaria con la ciudadanía', subraya Martín. Este enfoque, explica, puede dar resultados a corto plazo, pero 'a medio y largo plazo, las personas siguen teniendo las mismas dificultades de acceso a la vivienda, al empleo y a la formación'. La solución, concluye, pasa por reforzar las plantillas para poder realizar un verdadero trabajo de prevención y acompañamiento que permita a las personas superar su situación de vulnerabilidad de manera estructural.