Mientras los estándares internacionales recomiendan tres personas privadas de libertad por cada funcionario de trato directo, en Uruguay la relación ronda las 32 personas por cada policía, 63 por cada operador penitenciario y 157 por cada técnico. Uruguay atraviesa una crisis penitenciaria; hacinamiento, violencia, infraestructura en ruinas, personal insuficiente y una reincidencia que no baja de 60% configuran un escenario que políticos, trabajadores, investigadores y asociaciones de derechos humanos describen como “insostenible”. El país ha construido, en menos de dos décadas, uno de los sistemas penitenciarios proporcionalmente más gr... Continuar leyendo...