La nueva ministra portavoz del Gobierno español se ha estrenado con un mensaje de corto recorrido. Plantea eludir la acción del Poder Legislativo dejando al Congreso sin posibilidad de debatir y crear normas con rango de ley para asumir ese papel desde el Ejecutivo mediante reglamentos. Para poder hacerlo sin desbordar los límites que el rango de estos tiene impuestos –sin suplantar a las leyes–, se arriesga a limitar la eficacia de sus iniciativas y a circunscribirlas a ámbitos de menor alcance. Un reglamento está subordinado jerárquicamente a normas previas y no puede dar respuesta ni regular materias que exijan rango legislativo. La tentación de soslayar la acción del Congreso por la carencia de una mayoría estable no es una solución. Agravaría la exposición y desgaste del gobierno de Pedro Sánchez, en tanto expuesto a recursos paralizantes. La experiencia del pasado sobre decretos unilaterales que el Tribunal Constitucional interpretó que invadían la reserva de ley –además de competencias autonómicas– debería ser suficientemente disuasoria. No es, por tanto, la respuesta a los problemas de imagen ni a su dificultad para responder con agilidad a compromisos previos o nuevos escenarios.