La formación de gobierno en Extremadura se ha planteado, desgraciadamente, como parte de la crispada y grave confrontación que se ha abierto entre derechas e izquierdas, que amenaza con inutilizar los mecanismos democráticos para la gobernabilidad que la Constitución establece. El problema abierto es tan grave como simple: medio siglo después de la cancelación biológica de la dictadura, una formación política excéntrica, que se aprovecha de los errores abultados de los grandes partidos, puede acabar consiguiendo que se destruyan algunos elementos definitorios de nuestra convivencia democrática. En concreto, están en juego el ya muy avanzado proceso de equiparación e integración de la mujer, que incluye la lucha contra la violencia de género; el mantenimiento de mecanismos de asimilación de las minorías foráneas para normalizar una nueva sociedad polícroma y multiétnica en construcción; la búsqueda de fórmulas para sanear y conservar el medio ambiente, en un ejercicio saludable de conciliación con el medio natural; la expansión de una creciente tolerancia como norma de vida, de forma que cesen las discriminaciones raciales y las debidas a la orientación sexual y de género, etc.Las elecciones extremeñas, adelantadas esta vez porque Vox no facilitó al gobierno del PP la aprobación de los presupuestos (y no por razones económicas sino ideológicas), no han servido de nada: Vox está otra vez en condiciones de imponer sus ya conocidas condiciones para facilitar la gobernabilidad. Y el PP regresa así al anterior laberinto.En las grandes democracias –Francia y Alemania–, se han vivido relatos similares, que se han resuelto mediante ‘cordones sanitarios’: derecha e izquierda han acordado programas híbridos que han bloqueado a los radicales. Esta firmeza ha servido para que la opinión pública se percate de que, felizmente, la democracia tiene límites infranqueables: los de la dignidad y el respeto a las personas. Aquí, sin embargo, no parece posible que los grandes partidos antepongan el interés común de frenar el fascismo a sus intereses de poder y de gobierno. Por ello, es absurdo proponer a esas alturas una entente que la sociedad tampoco entendería. Pero el problema no cesa, y ya es hora de que quienes lo han creado den las debidas explicaciones a las muchedumbres que, con expresión de perplejidad, esperan la forma y el milagro de la palabra.