Madrid y Andalucía son hoy las comunidades que menos invierten por habitante en sanidad y educación públicas. Es el resultado de una decisión política sostenida en el tiempo. Isabel Díaz Ayuso y Juanma Moreno Bonilla presumen de buena gestión, eficiencia, atracción de inversiones y "libertad", pero cuando se trata de reforzar los pilares del Estado del bienestar, sus gobiernos lideran el ranking… por la cola. Esta falta de inversión no es fruto de errores ni de improvisación. Responde a una estrategia deliberada: debilitar lo público, dejar que se deteriore y presentar después la privatización como única salida posible. No es incapacidad, es ideología. Un modelo perfectamente calculado que convierte derechos básicos en oportunidades de negocio. En Madrid y en Andalucía las recetas cambian de forma, pero no de fondo. Ayuso propone que estudiantes universitarios y personas jubiladas impartan clase en institutos. Moreno Bonilla plantea que los médicos trabajen hasta los 72 años. Medidas distintas, mismo mensaje: no se va a invertir en condiciones laborales dignas ni en planificación a largo plazo. Se opta por estirar la precariedad, abaratar costes y abrir aún más la puerta al sector privado. El caso madrileño es especialmente revelador. Bajo el pomposo nombre de Plan de Rescate de las Matemáticas, el Gobierno de Ayuso ha propuesto permitir que estudiantes de tercero de carrera —e incluso personas jubiladas— den clase en colegios e institutos públicos. Para hacerlo viable, la presidenta madrileña pidió al Gobierno central que modificara la normativa y eliminara el máster habilitante para ejercer la docencia. Lejos de "rescatar" nada, la propuesta suponía una degradación directa de la enseñanza pública. Y así lo ha entendido el Gobierno de España, que ha rechazado de plano la iniciativa por considerar que "socava la calidad de la docencia". Desde Moncloa, el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, trasladó al consejero madrileño Emilio Viciana una comparación tan sencilla como demoledora: permitir que estudiantes de tercero den clase sería equivalente a plantear que estudiantes de tercero de Medicina atiendan pacientes. El Gobierno de Pedro Sánchez ha sido muy claro: la formación pedagógica no es un trámite burocrático, sino una garantía de calidad. El máster habilitante dota al profesorado de herramientas didácticas, psicológicas y metodológicas imprescindibles. Prescindir de él no mejora la educación, la empobrece. Y, además, desvía la atención de la verdadera responsabilidad de la Comunidad de Madrid: ofrecer el servicio público educativo en las mejores condiciones posibles. Porque el diagnóstico de Ayuso es falso. No faltan titulados en Matemáticas; lo que faltan son condiciones dignas para enseñar en la pública. El profesorado madrileño cobra por debajo de la media nacional, pese a vivir en una de las regiones con mayor coste de vida. A ello se suma una burocracia asfixiante, ratios elevadas y una falta de reconocimiento profesional que empuja a muchos docentes a abandonar las aulas o a refugiarse en la enseñanza privada. En lugar de atraer talento con mejores salarios, estabilidad y recursos, Ayuso opta por abaratar la profesión y devaluar su valor...