Óscar Puente ha acusado públicamente a los órganos de control económico de aplicar un criterio desigual en la fiscalización del gasto público según el color político del gobierno. El ministro de Transportes y exalcalde de Valladolid ha vinculado esta supuesta laxitud con el Partido Popular al escándalo por el abuso de contratos menores en la sanidad madrileña, una práctica que ha vuelto a situar bajo sospecha la gestión del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso. La denuncia de Puente se ha producido a través de un mensaje en redes sociales en el que ha apelado directamente a su experiencia al frente de una administración local. "Goberné ocho años un ayuntamiento. Esto jamás, repito, jamás, me lo hubiera dado de paso la intervención", ha afirmado, antes de concluir que esa diferencia de trato es algo que "compruebas cuando gobiernas", ya que, según ha sostenido, "la intervención tiene unos criterios para la derecha y otros para la izquierda". Goberné 8 años un ayuntamiento. Esto jamás, repito, JAMÁS, me lo hubiera dado de paso la intervención. Pero es algo que compruebas cuando gobiernas, la intervención tiene unos criterios para la derecha y otros para la izquierda. Comprobado empíricamente. https://t.co/qIpoilLzzX — Óscar Puente (@oscar_puente_) December 29, 2025 El origen del escándalo está en los informes y análisis que alertan del uso masivo y reiterado de contratos menores por parte de la Consejería de Sanidad madrileña y del Servicio Madrileño de Salud. Esta modalidad de contratación, prevista legalmente para situaciones puntuales y de importe reducido, permite adjudicar servicios o suministros sin concurso público, lo que elimina la competencia y la publicidad. Sin embargo, diversas investigaciones señalan que en Madrid se ha convertido en un procedimiento habitual, con miles de adjudicaciones fraccionadas para eludir los controles ordinarios. La investigación advierte que esta práctica puede esconder fraccionamiento ilícito de contratos, ya que se fragmentan suministros o trabajos que superan con creces los límites legales (por ejemplo, 15.000 € para servicios o suministros), con la finalidad de eludir los procesos ordinarios con publicidad y concurrencia, que garantizan competencia y transparencia. El fraccionamiento de contratos es una práctica expresamente prohibida por la ley cuando su objetivo es evitar los procedimientos abiertos, que garantizan concurrencia, transparencia y un mayor control del gasto. A pesar de ello, asociaciones cívicas y plataformas en defensa de la sanidad pública denuncian que esta dinámica se ha normalizado durante años en hospitales y centros dependientes de la Comunidad de Madrid, permitiendo concentrar millones de euros en adjudicaciones directas a los mismos proveedores. Los mecanismos de control que debían frenar el abuso Es en este punto donde Puente sitúa el foco en el papel de la Intervención, el órgano encargado de ejercer el control interno de la legalidad económico-financiera antes de que el gasto público se ejecute. Su función no es política, sino técnica: verificar que cada expediente de contratación cumple la ley, que no se fraccionan contratos de forma indebida y que las adjudicaciones se ajustan a los principios de publicidad, concurrencia y eficiencia. Cuando detecta...