A partir del jueves, si circulas por carretera, será obligatorio llevar la baliza V-16 en tu coche. Ha habido mucha polémica en torno a su introducción obligatoria, porque no parece ser tan efectiva como los triángulos de emergencia, pero la Dirección General de Tráfico (DGT) ya ha impuesto su uso y, aunque los controles en los primeros días serán flexibles, sí que habrá multas para los conductores que no la lleven. La Unión de Consumidores de Cantabria, a través del abogado Enrique Solís, ha denunciado la "absoluta y total inseguridad jurídica" a la que se enfrentan los conductores. Solís ha criticado duramente los constantes vaivenes de la DGT, que han generado una enorme confusión a pocos días de la entrada en vigor de una medida que, sobre el papel, buscaba mejorar la seguridad vial. Según el letrado, el problema es "fundamentalmente de gestión", ya que la implantación de la baliza V16 se ha planificado "mal" desde el principio. "Es incomprensible que a dos días de la entrada en vigor de esa obligación los conductores estén como estén", ha afirmado Solís, quien se pregunta si este mecanismo va a valer para algo o si, por el contrario, simplemente responderá a intereses creados de ciertas personas. Uno de los aspectos más polémicos ha sido la gestión de las homologaciones. La DGT ha retirado la validez a dispositivos que muchos conductores ya habían comprado, para luego matizar que se puede circular con ellos. Solís ha calificado la situación como "totalmente inaceptable" desde el punto de vista legal. "Es un auténtico despropósito el creado por la DGT, absolutamente errático", ha sentenciado. Enrique Solís ha destacado que España es el único país de la Unión Europea que ha decidido implantar este sistema de manera obligatoria. "España debe ser el país más listo, inteligente y avanzado tecnológicamente, porque desde luego es el único país que va a hacer esto", ha comentado con ironía, contraponiendo la medida con el mal estado de algunas carreteras “infestas, impracticables” o autovías con luces apagadas de noche. El caos con las homologaciones ha sembrado serias dudas sobre la capacidad de la DGT para proteger la privacidad de los conductores. "Si tú como ente no eres capaz de controlar la homologación de una baliza, ¿cómo vas a poder controlar el tema de las geolocalizaciones?", ha planteado Solís. El abogado advierte que, en caso de fallos o filtraciones de datos, será la Administración quien deba responder ante los usuarios. Por otro lado, la DGT ha sugerido una “flexibilización” en las sanciones, al menos para los primeros días desde su implantación. Las multas por no llevar el dispositivo se estiman en 80 euros, algo a lo que el abogado cree que habrá base para recurrir las sanciones, especialmente por la falta de garantías de la geolocalización, y anticipa que juzgados y tribunales se tendrán que pronunciar sobre ello. A pesar de la confusión, el consejo de Enrique Solís para los conductores es comprar una baliza para evitar una multa segura. "No portarla simplemente por el hecho de no querer portarla, eso sí que va a poder conllevar una sanción", ha concluido, aunque ha admitido que la recomendación es compleja, ya que la DGT podría volver a cambiar los criterios en el futuro.