El cierre de la campaña hortofrutícola 2025 en Andalucía ha dejado un balance preocupante para los agricultores. A la inestabilidad de los mercados se han sumado tres factores clave que han marcado el año: el ataque presupuestario a la Política Agraria Común (PAC), el controvertido acuerdo UE–Marruecos y la expansión de plagas y enfermedades sin herramientas de control eficaces. La propuesta presupuestaria de la Comisión Europea para 2028-2034 supone un recorte superior al 20% en los fondos agrarios. Desde COAG Andalucía lo consideran un punto de inflexión que “dinamita 60 años de Política Agraria Común y da la espalda a agricultores y ganaderos”. Para la organización agraria, la propuesta “tal como está es innegociable”, en palabras de Juan Luis Ávila, secretario General de la organización. Según Ávila, “debe ser rechazada de forma contundente para evitar consecuencias devastadoras sobre la viabilidad de numerosas explotaciones”. La justificación de Bruselas se centra en el aumento del gasto en defensa, pero COAG advierte que la reducción afectará a la capacidad de inversión, al relevo generacional y al equilibrio territorial. A esta incertidumbre se suma la revisión del acuerdo UE-Marruecos y la propuesta de modificar las normas de etiquetado para productos del Sáhara Occidental. La iniciativa choca con las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE, que establecen que dicho territorio no es parte de Marruecos. COAG alerta de que se trata de un intento de la Comisión de ocultar el verdadero origen de los productos, lo que conduce al engaño de los consumidores y a la competencia desleal. “La UE abre la puerta a borrar el origen real de los productos y a que un tercer país influya en nuestras normas internas”, ha alertado Andrés Góngora, responsable del sector de Frutas y Hortalizas de COAG Andalucía. La organización ha asegurado que seguirá trabajando para frenar el reglamento y exigir transparencia y legalidad. En el plano agrícola, 2025 ha estado marcado por la expansión de plagas, con especial incidencia del Thrips parvispinus y la araña roja en los invernaderos de Almería y Granada. Miles de hectáreas se han visto afectadas y muchas explotaciones han tenido que arrancar cultivos sin disponer de herramientas de control eficaces. Aunque COAG valora positivamente las ayudas indemnizatorias de la Junta de Andalucía, insiste en que son insuficientes. La organización reclama una estrategia global y estructural que refuerce la investigación, el control biológico, protocolos de limpieza claros y un posible paro biológico si se garantiza su cumplimiento. El balance final es claro: el sector hortofrutícola andaluz sigue siendo estratégico y profesional, pero afronta una presión política, comercial y sanitaria sin precedentes. “Sin agricultores no hay alimentos, y sin alimentos no hay Europa”, recuerda Ávila, quien exige a las instituciones que sitúen al campo en el centro de sus políticas.