El reparto de la publicidad institucional de la Generalitat Valenciana durante el año 2024 confirma una tendencia que en el sector mediático llevaba años comentándose en voz baja: el uso del dinero público como herramienta para reforzar un ecosistema de medios ideológicamente alineados con la derecha. Los datos oficiales, correspondientes íntegramente al primer ejercicio completo del Consell presidido por Carlos Mazón, muestran un reparto profundamente desequilibrado que beneficia de forma sistemática a grandes cabeceras conservadoras y a digitales situados incluso en la órbita de la extrema derecha La publicidad institucional tiene, al menos sobre el papel, un objetivo claro: informar a la ciudadanía sobre campañas, servicios y políticas públicas, garantizando al mismo tiempo el pluralismo informativo. No se trata de una declaración genérica o de una recomendación ética, sino de una obligación legal expresa. En este sentido, el artículo 6 de la Ley 12/2018 establece que su distribución debe basarse en criterios objetivos y en los principios de eficacia, eficiencia, equidad y objetividad, teniendo en cuenta factores como la audiencia, la implantación territorial y social de los medios, así como las características del público destinatario de las campañas, incluida la lengua. La norma prohíbe expresamente favorecer o perjudicar a un medio por su orientación política o ideológica y exige, además, que la contratación se realice mediante procedimientos de licitación o concurso público, precisamente para evitar arbitrariedades y garantizar el pluralismo informativo. Sin embargo, el reparto de la publicidad institucional en la Comunidad Valenciana durante 2024 evidencia una clara distancia entre el marco legal y su aplicación real. Lejos de responder de manera sistemática a criterios de audiencia o implantación, la distribución del dinero público muestra una concentración reiterada en determinadas cabeceras conservadoras, mientras otros medios con presencia, audiencia y seguimiento en la región quedan marginados o excluidos. Esta desviación del espíritu y la letra de la ley convierte la publicidad institucional en una herramienta política, desnaturalizando su función de servicio público y debilitando el pluralismo informativo. Un reparto desequilibrado y con sesgo ideológico Uno de los casos más llamativos es el de El Español, que acumula cantidades especialmente elevadas procedentes de diferentes contratos de publicidad institucional. A lo largo del ejercicio, este medio supera con holgura los 100.000 euros en algunas relaciones de expedientes, situándose como uno de los grandes beneficiarios del dinero público valenciano. Un volumen difícil de explicar únicamente por criterios de audiencia en el ámbito autonómico, donde su implantación territorial es limitada en comparación con otros medios locales o regionales. En una línea similar aparecen cabeceras históricas de la derecha mediática como El Mundo o El Confidencial, que suman decenas de miles de euros en campañas institucionales. Estas cifras contrastan con las cantidades percibidas por medios de orientación progresista o con perfiles más críticos con el Partido Popular, que reciben partidas mucho más modestas o, directamente, quedan fuera del reparto. El sesgo ideológico se hace todavía más evidente al observar la presencia destacada de digitales como OK Diario, ESdiario o EDATV. Todos ellos han sido señalados en...