En momentos en los que persisten cuestionamientos alrededor de la emergencia económica que promulgó el gobierno de Gustavo Petro , este martes se conoció un borrador de decreto que desde ya promete levantar ampolla: busca eliminar una prima de servicios de la que gozan los congresistas y que se traduce en ingresos por alrededor de $16 millones. Según el documento, que está afinando el Ministerio de Hacienda , “la remuneración percibida por los congresistas resulta desproporcionada en relación con el ingreso promedio de la población y con la realidad económica del país, haciendo imposible el cierre de brechas”. En esa línea, se propone derogar un decreto que data de 2013, emitido durante el Gobierno de Juan Manuel Santos, que contempló una prima especial de servicios y que sustituyó otra relacionada con servicios de salud, localización y vivienda. El borrador establece que la prima se eliminaría para los congresistas que arranquen su periodo el próximo 20 de julio de 2026 tras las elecciones de marzo próximo. Actualmente, un senador o representante a la Cámara devenga mensualmente alrededor de $52 millones. Si se resta la prima –que asciende a $16’914.540– , un congresista pasaría a recibir cada mes cerca de $35,7 millones. “Se hace necesario reorientar una senda de gasto y unas medidas de austeridad inmediatas son necesarias en tanto no afecten los derechos fundamentales de los ciudadanos, en este caso particular de los congresistas”, remata el documento. El senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico –quien ha impulsado sin éxito varios proyectos para reducir el salario de los congresistas–, destacó las bondades del borrador y sostuvo que es “una medida de elemental justicia social”, así como el comienzo del proceso de “austeridad republicana”. “Llegó la hora en que las y los congresistas asumamos la responsabilidad de ser servidores públicos, sin buscar ninguna clase de enriquecimiento o beneficio particular. Avanza el cambio social”, manifestó. En paralelo con el borrador de decreto, surgió también una duda alrededor de si el salario de los congresistas aumentará a la par con el alza del 23,7 % que anunció el Gobierno para el salario mínimo en 2026. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino , despejó las dudas y explicó que el salario de los congresistas no está atado a los cálculos que se hacen con base en el Salario Mínimo Legal Vigente (SMLV) . En esa línea, precisó que el ajuste depende de la inflación, así como de las negociaciones con los propios funcionarios del Estado. “No es bueno acudir a falacias en el debate público . Cualquier congresista puede aclarar que su salario no está atado al incremento del salario mínimo. Dicho incremento resulta de un decreto presidencial, previo concepto de Función Pública y está atado a la inflación y al incremento de salarios de los demás trabajadores del Estado”, precisó el funcionario.