A la inexistencia de diligencias sobre las Personas Políticamente Expuestas (PEP) Ayuso y González Amador se une la ausencia de informes de la UCO, según solicitó de la jueza en junio

La ley española de 28 de abril de 2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación de terrorismo, señala que, entre otros, los presidentes de Comunidades Autónomas deben son considerados Personas con Responsabilidad Pública (PRP), una adaptación de la figura de Personas Expuestas Políticamente (PEP), aceptada por España al firmar el protocolo del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional sobre Blanqueo de Capitales) en 1989.