Una de las últimas decisiones del Gobierno en 2025 ha sido la supresión de la obligación de presentar la declaración de la renta a los desempleados que perciben prestaciones para aligerar su carga administrativa. Una medida razonable que contrasta con la escasa atención prestada a la reducción de las cargas burocráticas de quienes sí trabajan, en particular los trabajadores autónomos.