En AFEDECO siempre hemos defendido con claridad que el sector primario es esencial para la economía y la identidad de nuestras islas. Apoyar al payés, garantizar la viabilidad económica y social de las explotaciones agrarias familiares y preferentes, y fomentar el producto local no son sólo objetivos loables, sino imprescindibles para un modelo económico más justo, sostenible y arraigado en el territorio.Sin embargo, el anteproyecto de Ley Agraria de las Illes Balears, queriendo proteger tanto al campo, corre el riesgo de dejar desprotegidos otros sectores económicos igualmente legítimos y necesarios, entre ellos el del comercio. Y aquí está el punto de equilibrio que no puede perderse.La Ley Agraria no puede desconsiderar a la Ley de Comercio, ni ignorar el conjunto de normas que regulan la actividad económica, el planeamiento urbanístico y la competencia justa. Nosotros hablaremos de comercio, porque es el sector que representamos, pero el argumento podría aplicarse a muchos otros.AFEDECO agrupa precisamente a las empresas distribuidoras y cadenas de supermercados que más producto local consumen y promocionan. Somos, de hecho, los mayores aliados del sector primario, porque le damos salida a su producción a gran escala, con contratos estables, trazabilidad y garantías sanitarias. Por tanto, nadie puede dudar de nuestro compromiso con el producto balear.Conviene además subrayar un aspecto esencial: si bien el anteproyecto pretende proteger al productor, en la práctica su redacción puede acabar yendo en contra de sus propios clientes naturales –los distribuidores, minoristas y supermercados– que son, en conjunto, quienes comercializan más del 90 % de los productos del campo balear. Limitar o distorsionar su actividad equivale, en definitiva, a dificultar la venta de esos mismos productos que la ley dice querer potenciar. Por eso, cualquier regulación que afecte al comercio debe tener muy presente que su fortaleza y la del sector agrario son, en realidad, complementarias e inseparables.Asimismo, aunque nosotros, como representantes del comercio, centramos nuestras observaciones en nuestra propia actividad, existen otros sectores igualmente afectados por la aplicación práctica de la futura Ley Agraria: la restauración, el sector hotelero y otras actividades que dependen directamente de la oferta y comercialización del producto local. Todos ellos forman parte del mismo tejido económico y comparten la necesidad de un marco jurídico equilibrado y coherente.Pero apoyar al campo no puede traducirse en crear un régimen jurídico paralelo al comercio, donde las reglas de competencia, control y licencias desaparezcan. No puede significar que se liberalice la actividad comercial en suelo rústico, sin control municipal, sin supervisión del Consell Insular, sin planificación urbanística ni límites de superficie o actividad.Porque entonces, bajo el noble propósito de ayudar al payés, se estarían abriendo las puertas a una liberalización encubierta que permitiría la aparición de nuevos centros de venta, viveros o incluso comercios rurales, amparados por una ley agraria redactada con términos tan amplios e imprecisos que dejarían en desventaja al comercio regulado y al comercio urbano.No se trata de oponerse a la ley, sino de hacerla bien. De que los conceptos que contiene –venta directa, transformación, degustación, locales habilitados, productos transformados, ingredientes primarios y distribución logística– estén perfectamente acotados y definidos, para evitar interpretaciones futuras que resulten imposibles de corregir una vez aprobada. Porque las leyes deben resolver problemas, no crearlos.Y una norma que, en nombre de la protección de un sector, acabe perjudicando a otros igualmente legítimos, no cumple su función.El comercio ya ha sido, demasiadas veces, el cajón de sastre de todas las liberalizaciones: la de los aeropuertos y puertos del Estado, la del comercio electrónico, la de los festivos y horarios... y ahora, la del suelo rústico.No pedimos privilegios, solo equilibrio, seguridad jurídica y coherencia normativa. Sí a una Ley Agraria que refuerce al sector primario. Pero también sí a que esa ley respete al comercio y al resto de la economía local, porque sólo así Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera podrán tener un modelo verdaderamente sostenible, donde cada sector contribuya al bien común sin pisar al otro.