La escena se repite. Una dirigente histórica del Partido Popular cuestiona a un juez cuando una sentencia o una investigación golpea al partido. Esta vez ha sido María Dolores de Cospedal, que desde el plató de TeleMadrid ha acusado al magistrado José Ricardo de Prada de prevaricar, reavivando el largo historial de ataques del PP a la justicia durante el caso Gürtel. Las declaraciones se produjeron este martes en el programa 'El Análisis: Diario de la Noche', presentado por Antonio Naranjo, donde la ex secretaria general del Partido Popular fue más allá del cuestionamiento técnico de una sentencia. Cospedal aseguró que De Prada actuó movido por intereses políticos y acusó directamente al presidente Pedro Sánchez y a su Ejecutivo de "atacar a los jueces y a la justicia". Un discurso que, lejos de ser novedoso, conecta con una estrategia sostenida en el tiempo por el PP cada vez que la justicia ha puesto en jaque a la formación. Negación y ataque desde el inicio Desde que estalló el caso Gürtel en 2009, la reacción del Partido Popular fue cerrar filas y negar de forma tajante cualquier implicación orgánica en la trama. Las detenciones, registros y primeras imputaciones no dieron lugar a una reflexión interna ni a asunción alguna de responsabilidades políticas. Muy al contrario, la dirección popular activó desde el primer momento un discurso defensivo que pasaba por desacreditar el trabajo de jueces, fiscales y fuerzas de seguridad del Estado. Las investigaciones judiciales fueron presentadas como una ofensiva política y mediática, una supuesta "cacería" orquestada contra el principal partido de la derecha española. -En la primera parte del vídeo, COSPEDAL en TELEMADRID pidiéndole a Sánchez que respete las decisiones judiciales -En la segunda, Cospe, M.RAJOY y el PP en pleno cuestionando a fiscales, policías y jueces cuando investigaban GURTEL Incluso crearon una trama para taparlo pic.twitter.com/xjiyRtOB0h — GUILLERMO GUIJARRO (@remerikos) December 31, 2025 En aquellos primeros días, dirigentes del PP insistieron en que no existía una trama de corrupción, sino "comportamientos individuales" sin relación con el partido. Se habló de "montajes", de "filtraciones interesadas" y de una "causa general" impulsada desde instancias políticas y judiciales con el objetivo de desgastar al PP en un contexto de fuerte polarización política. El foco del debate no se situó en los hechos investigados, sino en la legitimidad de quienes los investigaban. Esta estrategia de negación se acompañó de una ofensiva verbal constante contra el poder judicial. El PP evitó asumir cualquier responsabilidad institucional y optó por señalar a jueces y fiscales como piezas de una supuesta operación para alterar el equilibrio político. Las comparecencias públicas, ruedas de prensa y entrevistas de aquellos años repitieron un mismo mensaje: no había corrupción estructural, no existía financiación irregular y las investigaciones respondían a intereses ajenos a la justicia. El relato fue especialmente intenso cuando la causa comenzó a avanzar y a señalar a cargos públicos, estructuras territoriales del partido y sistemas de adjudicación de contratos. En lugar de colaborar con la investigación o depurar responsabilidades, el...