Como paradigma de la inexistente política autonómica de vivienda protegida que el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, viene desarrollando desde San Telmo, el Partido Popular andaluz ha decidido nombrar secretaria de Vivienda a la alcaldesa de Ronda, Mari Paz Fernández Lobato. Una designación que retrata, a imagen y semejanza, la irrelevancia que esta materia tiene para la dirección regional del PP. El nombramiento se ha producido meses después del Congreso regional celebrado a principios de noviembre en Sevilla, donde se eligió el Comité Ejecutivo andaluz y en una suerte de repesca ampliada para un órgano inmenso en el número de sus componentes y que permite meter en puestos sin competencias ni labor, a alcaldes y alcaldesas para mantener satisfechos las ansias de figurar aunque no tenga valor orgánico alguno. Una incorporación tardía que ya de por sí delata el escaso peso político del cargo, fruto de una suerte de rehabilitar algo a perfiles que quedaron relegados en el cónclave hispalense dándole un simple caramelo para que se conformen. Pero si algo llama poderosamente la atención es el balance de la nueva secretaria de Vivienda en su propio municipio. Fernández Lobato ostenta un récord difícil de igualar: en 15 años al frente del Ayuntamiento de Ronda no se ha promovido ni una sola vivienda de protección oficial, ni social ni de autoconstrucción. Tres lustros de absoluta parálisis en un contexto en el que el acceso a la vivienda asequible se ha convertido en un problema estructural, especialmente para la población joven. Una circunstancia que la oposición municipal no ha dejado de reprocharle de forma reiterada. Nombrar para esta responsabilidad orgánica a alguien que no ha creído ni apostado por la vivienda pública para sus propios vecinos evidencia, más que ninguna otra cosa, la nula importancia real que el PP andaluz concede a esta secretaría. Como reza el conocido dicho popular: "Ni tiene competencia, ni tiene ná". En cualquier caso, el cargo sirve a la alcaldesa como herramienta de autopromoción política, permitiéndole proyectar la imagen de que Moreno Bonilla la mantiene "en valor", pese a su imputación en el conocido como Caso Soliarsa, relativo a la empresa pública de limpieza. Un procedimiento judicial en el que la Fiscalía solicita para Fernández Lobato cinco años de prisión, ocho de inhabilitación y el reintegro de 42.000 euros al Ayuntamiento, al apreciar presuntos delitos de prevaricación, malversación y fraude durante sus mandatos. En un intento evidente de contrarrestar el deterioro de su imagen pública —marcada por la imputación judicial y una gestión municipal calificada de mediocre, especialmente en materia de vivienda—, la regidora ha difundido en redes sociales su nuevo "nombramiento", agradeciendo "muchísimo" la "confianza" del presidente andaluz y asegurando que "seguirá luchando por su ciudad". Si esa lucha sigue el mismo rumbo que ha marcado hasta ahora la política de vivienda en Ronda, poco pueden esperar ni Moreno Bonilla ni la ciudadanía rondeña. Súmate a Apoya nuestro trabajo. Navega sin publicidad. Entra a todos los contenidos. hazte socio