El Estado, a través de la Demarcación de Costas, ingresa más de 12 millones de euros anuales en Baleares por la ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre (chiringuitos, embarcaderos, campos de boyas y otros servicios). Aunque las competencias de Costas fueron transferidas al Govern de manera efectiva el 1 de julio de 2023, el Estado se reserva el cobro del canon por la ocupación y la explotación del dominio público marítimo-terrestre, mientras que los ayuntamientos se quedan entre el 10 y el 15 %.