Cualquiera que ha sufrido obras en casa sabe de sobra que siempre son imprevisibles y que los plazos raro es que se acaben cumpliendo. Sin embargo, cuando se trata de obra pública aún suele ser peor. La prueba, sin duda, es lo que está ocurriendo con la rehabilitación del barrio Porfirio Pascual, uno de los proyectos estrella que se están desarrollando en Elche en estos momentos, ya no sólo por su envergadura, ya que afecta a 316 viviendas. También por las implicaciones que tendrá a nivel de regeneración urbana una vez acabado para un entorno caracterizado por su bajo nivel de renta y una población envejecida, y porque está financiado con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia enmarcado en los fondos Next Generation de la UE. Una aportación que obligaba a que los trabajos estuvieran finalizados antes del 30 de junio de 2026 para evitar tener que devolver las ayudas y cuyo horizonte temporal, sin embargo, se descarta en el programa anual de actuación, inversión y financiación de la empresa municipal Pimesa para el ejercicio 2026. Hasta el extremo de que en ese documento se apunta a un incremento de los costes de rehabilitación hasta los 12,5 millones, frente a los 11,5 millones planteados inicialmente, a lo que habría que sumar 1,2 millones de euros para la reurbanización del entorno y 240.000 euros de la oficina de rehabilitación que exigía la convocatoria de subvenciones, y se sitúa el final de las obras a finales de 2026, pese a que el acta de replanteo se firmó en febrero de 2025 y, teniendo en cuenta que el plazo de ejecución era de 18 meses, deberían estar los trabajos para finales de agosto de este ejercicio recién estrenado. Lo que está por ver es si finalmente se establece desde el Ejecutivo central algún tipo de moratoria de unos meses que permita a este y a otros proyectos del resto de la geografía española poder mantener íntegramente las subvenciones, escudándose en la complejidad de este tipo de planes.