El año 2026 se presenta decisivo para las democracias europeas y, de modo especial, para España. La centrifugación de la política, la revolución tecnológica, el cuestionamiento de los consensos que formaron la Europa de posguerra y la erosión de la confianza ciudadana han creado un entorno inédito que obliga a revisar los fundamentos sobre los que descansa nuestra convivencia. No se trata de reformar por reformar, ni de idealizar el cambio como solución universal, sino de reforzar lo que funciona, actualizar lo que ha quedado atrás, avanzar económica y socialmente y proteger los equilibrios que permiten que la libertad sea posible. En este contexto, la Corona –y, de modo particular, Su Majestad el Rey Felipe VI – desempeña una función singular como símbolo de estabilidad institucional y referente de orientación en tiempos convulsos. La primera exigencia pasa por garantizar la independencia real y percibida de los órganos constitucionales. El TC, el CGPJ, la Fiscalía General del Estado, el Defensor del Pueblo y los órganos reguladores se ven sometidos, en distintos grados, a presiones que dificultan el correcto ejercicio de sus funciones. La tensión entre poder político y garantías constitucionales es consustancial a la democracia. Pero, cuando la polarización divide a la ciudadanía en bloques enfrentados, aumenta la tentación de instrumentalizar las instituciones y la imparcialidad deja de ser solo una exigencia funcional para convertirse en un requisito de legitimidad democrática. La función de la Corona en la Monarquía parlamentaria, ajena a la contienda partidista, recuerda que existen espacios del Estado que deben permanecer preservados de la lógica coyuntural y sirven como anclaje para la estabilidad. En este marco, la reforma del sistema de elección del CGPJ constituye una urgencia inaplazable. España debe permanecer e inspirarse en los estándares europeos y devolver a los jueces un papel decisivo en la elección de la mayoría de sus miembros. No se trata de corporativismo judicial, sino de continuar preservando la separación de poderes, fundamento irrenunciable del Estado de derecho. Las democracias no pueden permitirse que quienes deben actuar como árbitros aparezcan confundidos con uno de los equipos. Felipe VI, rigurosamente ajustado a los límites y funciones que le impone la Constitución, constituye una referencia de institucionalidad serena. Es una presencia que no interviene en el juego político, pero cuya existencia recuerda que ningún poder puede pretender ocupar el ámbito que no le corresponde. El modelo territorial representa el segundo gran desafío. La Constitución diseñó un sistema autonómico abierto y flexible, capaz de integrar distintas identidades y de responder a una historia nacional compleja. Durante decenios ha funcionado razonablemente bien, aunque no sin tensiones. Sin embargo, en los últimos años se ha producido un desplazamiento preocupante. La recentralización no parece una alternativa real; el riesgo procede ahora de una bilateralidad asimétrica que amenaza el principio de igualdad y erosiona la cohesión del Estado. No se trata de negar la diversidad, sino de evitar que derive en una negociación fragmentada y excluyente que diluya el axioma de que España es una nación. Urge reactivar el debate sobre la estructura territorial, reforzar los mecanismos multilaterales, revitalizar la Conferencia de Presidentes y actualizar el sistema de financiación autonómica para lograr un equilibrio entre solidaridad, corresponsabilidad fiscal y suficiencia financiera. La Corona, como símbolo de unidad y permanencia, recuerda que la España constitucional se sostiene sobre un proyecto común, no sobre una acumulación de entendimientos bilaterales. El tercer reto es el más silencioso y el más transformador. Se trata de la revolución tecnológica. La digitalización masiva de la vida pública y privada plantea dilemas constitucionales que el texto de 1978 no podía prever. La protección de datos en un entorno de vigilancia continua, el uso de la inteligencia artificial, los derechos digitales, la manipulación informativa, la microsegmentación política, la soberanía tecnológica o el impacto de los algoritmos avanzados en la formación de la voluntad democrática exigen una reflexión de fondo. La Unión Europea ha progresado en materia legislativa, pero la adaptación constitucional de los Estados sigue pendiente. Así como la revolución industrial exigió el constitucionalismo social, la revolución tecnológica exigirá un constitucionalismo digital capaz de combinar garantías con libertad. En esto, las mejores prácticas internacionales son siempre fuente de inspiración. En un escenario que se transforma a tal velocidad, la Corona aporta una referencia de continuidad institucional e integradora que resulta especialmente valiosa. Un cuarto desafío tiene que ver con la calidad de la democracia , entendida no solo como estructura normativa, sino como cultura cívica. España, como muchas democracias occidentales, sufre un deterioro de la deliberación pública. La desinformación viral, la crispación permanente, el tribalismo político y la creciente desafección ciudadana debilitan los pilares que sostienen la democracia. Es necesario disponer de ciudadanos capaces de comprender, defender y exigir el cumplimiento de tales cimientos. Una agenda de regeneración democrática para 2026 debería incluir una transparencia institucional reforzada, reglas claras sobre el uso de datos públicos y la comunicación gubernamental, una revisión del sistema electoral que devuelva centralidad a la figura del representante y una apuesta decidida por la educación constitucional. Sin una ciudadanía formada y exigente, la mejor Constitución puede quedarse en un mero texto de intenciones. Se ha de fomentar la revitalización de los valores cívicos. La dimensión europea constituye, por último, un eje imprescindible. La guerra en Ucrania, la redefinición del orden internacional, la transición energética y la tensión entre seguridad económica y libre comercio exigen una UE más integrada en esferas como la defensa, la política migratoria o la fiscalidad. España deberá adaptar su marco constitucional a estas transformaciones sin caer en el llamado «soberanismo de repliegue». La soberanía, en la Europa del siglo XXI, se ejerce mejor cuando se suma. Y nadie duda del papel fundamental de la Corona en la representación exterior del Estado y en la afirmación de la continuidad histórica de España en el concierto internacional. Disponemos con Felipe VI de un rey europeo y europeísta. Los desafíos de 2026 no requieren una ruptura constituyente, sino una renovación inteligente del pacto constitucional. Reforzar las instituciones, actualizar las estructuras, proteger los derechos y asumir que la estabilidad no es pasividad, sino compromiso activo con la libertad y la convivencia. España y los españoles tenemos la oportunidad –y la responsabilidad– de demostrar que una Constitución sólida y bien interpretada puede seguir siendo el mejor instrumento para garantizar la pluralidad, el progreso y la libertad. En ese empeño, la Corona , como institución de continuidad y referencia para todos los españoles, seguirá siendo un pilar esencial de esa estabilidad que nos permite avanzar reforzando los fundamentos que han hecho posible nuestra democracia.