En las últimas semanas los ayuntamientos catalanes han activado definitivamente el régimen de sanciones en sus ZBE, lo que significa que dejar los avisos en adhesivos y señales ha terminado y ha comenzado el control automático con cámaras y el envío de multas. Ciudades como Tarragona, Terrassa, Reus o Sabadell ya están notificando a quienes no respetan las normas: unos 200 € de sanción por entrar sin permiso, consideradas infracciones graves aunque, en general, sin retirada de puntos del carnet. Los sistemas de lectura automática de matrículas ya están operando en muchos puntos de control y las ZBE son ahora zonas con vigilancia real, no solo señales y carteles informativos. La idea de las Zonas de Bajas Emisiones nació como respuesta a un problema claro: la calidad del aire en muchas ciudades supera con frecuencia los límites recomendados por la Unión Europea y la Organización Mundial de la Salud. Estos picos de contaminación —especialmente de NO₂ y partículas finas— se asocian a enfermedades respiratorias y cardiovasculares, y son especialmente peligrosos para niños, mayores y personas con problemas respiratorios. Durante años, las ZBE eran espacios conocidos y señalizados donde se recomendaba limitar el acceso de vehículos más contaminantes. Pero hasta ahora, en muchos municipios catalanes no se multaba realmente: se dejaba un periodo de adaptación o se activaban controles solo en fases de prueba. Esto ha cambiado y el enfoque ya es “cumplimiento real”: si tu coche no cumple las normas el sistema lo detecta y te llega una sanción. La razón de ser de esta medida es sencilla: forzar un cambio de hábitos que baje las emisiones locales, empujando a la gente a usar transporte público, moverse en bicicleta, caminar o pasarse a coches menos contaminantes, que en el cómputo global de emisiones y salud pública hacen una diferencia. Si entras en una ZBE en un momento en que hay alerta por contaminación con un coche que tenga etiqueta ambiental B (el distintivo amarillo de la DGT que corresponde a coches de gasolina matriculados entre 2001 y 2006, e diésel hasta 2014), puedes enfrentarte a una multa de unos 200 €. Esta cifra puede parecer elevada para un “error de cálculo”, pero es lo habitual en las sanciones por infracciones graves relacionadas con la movilidad sostenible y la calidad del aire. El objetivo no es recaudar, sino disuadir: que cada vez menos coches fósiles circulen en zonas donde la salud de miles de personas está en juego. Además, con el paso de los años la normativa se irá endureciendo: a partir de 2028 la prohibición para los coches con etiqueta B será permanente en las ZBE, sin necesidad de que haya un episodio de alta contaminación, en toda Cataluña según el plan de calidad del aire aprobado por la Generalitat. Una de las ZBE que más está en boca de todos es la de Tarragona, que entró en vigor el 31 de diciembre de 2025 y ya está operando con restricciones y sanciones automáticas.  Esta zona cubre áreas como la Part Alta, el Eixample y los Barrios Marítimos, y opera de lunes a viernes laborables entre las 7:00 y las 19:00 horas. Aquí, los conductores no empadronados que accedan sin distintivo ambiental adecuado pueden recibir una multa de 200 €, y las cámaras de control ya vigilan los accesos. El Ayuntamiento ha ofrecido periodos de adaptación para los residentes, que cuentan con plazos más largos para adaptarse al cambio, pero el mensaje es claro: la ciudad apuesta por un aire más limpio y una movilidad sostenible. La política de ZBE y las multas tienen defensores y críticos. Para muchos, la medida es un respiro necesario para la salud pública: menos tráfico contaminante, menos smog y calles más agradables para pasear, trabajar o jugar con los niños. También empuja a una transición hacia coches eléctricos o alternativos, alineándose con compromisos climáticos y de salud. Pero para otros, especialmente quienes dependen del coche para trabajar o no tienen recursos para cambiarlo, la medida puede sentirse como un golpe económico y un límite a la libertad de movimiento. El reto está en encontrar el equilibrio entre proteger el aire que respiramos y no castigar de manera injusta a quienes menos opciones tienen.