El Gobierno de La Rioja ha dado un paso al frente en materia fiscal con dos medidas pioneras en España. La Comunidad Autónoma se convertirá en la primera en aplicar formalmente la deflactación de la tarifa del IRPF y, además, creará la figura del defensor del contribuyente. Ambas iniciativas están incluidas en el proyecto de ley de Medidas Fiscales y Administrativas que acompaña a los Presupuestos regionales para 2026 y buscan consolidar un modelo de bajos impuestos. La Rioja se ha posicionado como la primera comunidad en implementar de manera oficial este mecanismo, que ajusta automáticamente los tramos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) según la inflación. En la práctica, si el Índice de Precios al Consumo (IPC) anual supera el 3%, la tarifa se adaptará para que la subida de precios no suponga un aumento de la carga fiscal. Con esta medida se busca evitar el llamado efecto de arrastre fiscal, que eleva la presión tributaria de forma indirecta. Se estima que cerca de 188.000 contribuyentes en La Rioja mantendrán su capacidad adquisitiva gracias a esta corrección. Alfonso Domínguez, portavoz del ejecutivo riojano y consejero de Hacienda y Administración Pública, recordaba que la región ya es la segunda comunidad autónoma con el tipo mínimo más bajo del IRPF. Esta política de impuestos moderados funciona, además, como un polo de atracción para sectores económicos estratégicos, fomentando la inversión y la competitividad del tejido empresarial. La segunda gran novedad es la creación del defensor del contribuyente, una figura innovadora en la administración autonómica. El portavoz del Ejecutivo ha aclarado que no se creará un nuevo organismo, sino que será un funcionario específico quien asuma esta responsabilidad. Su principal misión será velar por los derechos de los contribuyentes, supervisando que los procedimientos tributarios se realicen con transparencia, se cumplan los plazos y se garantice un trato adecuado por parte del personal de la Administración. El objetivo es transformar la relación entre los ciudadanos y la Administración tributaria para que sea más clara, justa y próxima. Según Domínguez, "la medida responde a la filosofía del Gobierno riojano de ofrecer los mejores servicios públicos a través del diálogo y la cercanía con todos los sectores afectados". De este modo, se busca proteger a los ciudadanos ante posibles errores, demoras o un trato desigual en los procedimientos fiscales. Estas dos iniciativas refuerzan la posición de La Rioja como una comunidad autónoma moderna y comprometida con el bienestar de sus ciudadanos. Por un lado, la deflactación del IRPF protege el poder adquisitivo de los contribuyentes frente a la inflación. Por otro, el defensor del contribuyente asegura que la administración actúe con transparencia y respeto, consolidando un marco que combina eficiencia, equidad y cercanía para todos los riojanos.