Los afectados por el proyecto de los sectores X y XI del canal del Flumen han protagonizado este viernes su decimoséptimo acto reivindicativo en la plaza de Cervantes de Huesca. Bajo el lema 'Modernización sí, pero no así', han leído un manifiesto que condensa tres años de protestas sin que, a su juicio, "ninguna entidad implicada haya tenido una voluntad real de solucionar este asunto en beneficio de todos". Los vecinos de Salillas y Huerto, junto a propietarios y regantes, se sienten "perjudicados" por un proyecto que califican de "impuesto unilateralmente". Sostienen que su ejecución "no es necesaria" al "existir alternativas menos perjudiciales" que acogerían de buen grado. Con las obras ya en ejecución, los afectados aseguran que "la realidad es mucho peor de lo que pensaban". Denuncian que se trata de un proyecto de gran envergadura sin evaluación ambiental que, además, "se ha ido modificando sobre la marcha" con una total sensación de impunidad, como si tuvieran "permiso absoluto". Miguel Bergua, presidente de la comunidad de regantes A-19-20, ha sido el encargado de leer el manifiesto. En él se subraya que las obras en marcha "marcan un punto de no retorno", pues "ahora ya no hablamos de proyectos ni de promesas, sino de máquinas entrando en nuestras tierras, de zanjas abiertas, de campos atravesados y de un daño que ya es irreversible". El manifiesto detalla que "el impacto de este proyecto sobre Salillas y Huerto es enorme, con balsas gigantescas, tuberías atravesando regadíos productivos, tierras dañadas, paisaje destruido y fincas que pierden su valor", concentrando los perjuicios en pueblos que no son los beneficiarios. "Esto no es solidaridad entre regantes, esto no es progreso, esto es imponer un beneficio privado a costa del territorio ajeno", sentencian. Los manifestantes insisten en que hay alternativas, pero lamentan que "nunca han tenido voluntad de estudiarlas en serio, no porque no fueran posibles, sino porque no convenían a quienes impulsan el proyecto". Esta percepción se agrava al ver que el proyecto se modifica sin control, lo que les lleva a pensar que "da la sensación de que aquí todo vale con tal de terminar a tiempo para poder cobrar la subvención". La situación es calificada como un "abuso de poder" y una muestra de cómo "se toman decisiones desde despachos lejanos por motivos oscuros". Consideran que es "el desprecio al medio rural convertido en obras públicas". Mientras, los tribunales aún no se han pronunciado sobre los procedimientos abiertos en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo, y aunque "no hay medidas cautelares", los afectados reiteran que esto "no convierte a este proyecto en justo ni en legal".