Las pensiones en España en 2026 vuelven a situarse en el centro del debate público. Con el inicio del nuevo año, el Gobierno aplica una revalorización general del 2,7% a las pensiones contributivas, ligada a la inflación media del último ejercicio. El objetivo oficial es claro: evitar que los jubilados pierdan poder adquisitivo en un contexto de precios todavía elevados tras años de encarecimiento del coste de la vida. Sin embargo, la realidad diaria de muchos pensionistas no siempre coincide con los porcentajes oficiales. Aunque algunas prestaciones más bajas y las no contributivas suben más —hasta un 11,4%—, la sensación de que el dinero llega cada vez menos lejos se repite en miles de hogares. Especialmente entre quienes viven con pensiones medias y afrontan subidas constantes en alimentación, luz, telefonía o tasas municipales. La revalorización de este año deja cifras concretas. Según explica Marta Ruiz, jefa de Economía de COPE, “la pensión media pasa de 1.511 euros a unos 1.552 euros al mes”. En términos anuales, son unos 570 euros más, una cantidad que sobre el papel no parece despreciable. La pensión máxima, por su parte, roza ya los 3.360 euros mensuales, cerca de 47.000 euros al año en 14 pagas. Pero el debate no está solo en cuánto suben las pensiones, sino en qué sube más rápido. La inflación media se sitúa en ese 2,7%, pero productos básicos como los alimentos o servicios esenciales superan ampliamente ese porcentaje. Y ahí es donde muchos jubilados sienten que la subida “no compensa”. Charo tiene 76 años, es pensionista y trabajó durante décadas como empleada de una empresa pública. Su testimonio refleja el sentir de muchos mayores. A ella, la subida le supone unos 19 euros más al mes. Cuando se le pregunta si ese aumento compensa el encarecimiento de la vida, su respuesta es tajante. “No se puede decir que me parezca mal una subida, pero tal y como he oído, todo lo demás sube un 7, un 8 o un 10%. Que te suban un 2% es una tomadura de pelo, no compensa en absoluto”, señala. Charo menciona gastos cotidianos imposibles de evitar: la luz, la telefonía, la compra o las tasas municipales. “No creo que podamos hablar de subida real”, insiste, visiblemente molesta por una situación que define como “una triste tomadura de pelo”. Marta Ruiz explica que el problema está en cómo se mide la inflación. “La pensión se revaloriza con la inflación general, pero dentro de esa inflación hay partidas que suben mucho más”, aclara. Alimentos o la cesta de la compra, que no son opcionales, se encarecen muy por encima de la media. Un ejemplo claro es la tasa de basuras, que en muchos municipios sube hasta un 30% en un solo año. “De eso no puedes prescindir”, recuerda Ruiz. Por eso, aunque sobre el papel el poder adquisitivo esté “protegido”, la sensación real es muy distinta para muchos pensionistas. El contexto general tampoco ayuda a calmar los ánimos. España roza ya los 9,5 millones de pensionistas, y el gasto anual en pensiones se acerca a los 190.000 millones de euros. El Estado tiene que transferir cada vez más fondos porque las cotizaciones no bastan. Además, se mantiene el retraso progresivo de la edad de jubilación y se introducen cambios en el cálculo de la pensión, permitiendo elegir entre los últimos 25 años cotizados o 29 descartando los dos peores. Reformas que buscan equilibrio, pero que siguen generando dudas sobre su suficiencia. El caso de Charo no es aislado. Su frase resume un sentimiento extendido entre muchos mayores: las pensiones suben, sí, pero la vida sube mucho más. Y mientras las cifras macroeconómicas intentan cuadrar, en la economía doméstica de miles de hogares el debate es mucho más simple: llegar a fin de mes sin perder calidad de vida.