Irán vive un nuevo estallido social. Las protestas, que comenzaron el pasado domingo por la delicada situación económica, han escalado hasta convertirse en un clamor por un cambio político profundo. Para analizar las claves de estas movilizaciones, el programa La Linterna de COPE, con Rubén Corral, ha conversado con la analista Ryma Sheermohammadi, gran conocedora de la realidad social, política y económica del país. El principal detonante de las protestas ha sido la crítica situación económica. En el último año, la moneda iraní, el real, ha perdido hasta el 60% de su valor, una devaluación brutal que, sumada a la corrupción y una mala gestión de los recursos, ha provocado el cierre de empresas. A esto se suman las sanciones de Estados Unidos, que han afectado a las exportaciones de petróleo y gas, disparando la inflación en una economía muy dependiente de los combustibles fósiles. La situación para las familias es dramática. Según ha explicado Sheermohammadi, con sueldos medios de unos 200 euros mensuales, es casi imposible hacer frente a la subida de precios. "Yo veo los precios que mis amigos me dicen y son los precios de los que hablamos aquí en Barcelona o en Madrid", ha señalado. La inflación ha aumentado el coste de alimentos y medicinas más de un 70%, y muchas familias deben "ir pidiendo préstamos para poder pagar los precios tan altos de los medicamentos". A diferencia de otras ocasiones, esta vez las protestas arrancaron en el bazar de Teherán, un sector económica e ideológicamente muy relacionado con el poder. Este hecho, según la analista, ha supuesto un antes y un después a nivel psicológico. "Cuando ellos declararon la huelga, psicológicamente ha tenido un efecto increíble, porque en las anteriores protestas siempre la crítica era que los ciudadanos salimos, pero los pesos pesados de la economía no nos acompañan", ha detallado. Lo que empezó como una huelga de comerciantes se ha extendido a universitarios y ciudadanos de todas las clases sociales. Sin embargo, el mensaje en las calles ha cambiado radicalmente. Sheermohammadi ha sido clara al respecto: "Los gritos de la gente en la calle no es 'quitad los intereses' o 'bajad los precios', los gritos son un cambio de estructura política", ha afirmado, insistiendo en que la población pide un "cambio de régimen" y no una reforma del sistema actual. Sheermohammadi ha recordado que el sistema político iraní no es una democracia, aunque se celebren elecciones. El poder absoluto recae en el líder supremo, una figura vitalicia no elegida que controla la economía, el ejército y la candidatura de los aspirantes a presidente. Bajo su mando opera la Guardia Revolucionaria Iraní, encargada de mantener el orden y proteger las fronteras. Este complejo entramado evidencia los escasos fermentos de cambio en Irán. El gobierno ya ha advertido de que reprimirá cualquier intento de desestabilización, un escenario que recuerda a las protestas de 2022 tras la muerte de Mahsa Amini. En este contexto, las declaraciones de apoyo de figuras como Donald Trump son, para la analista, un arma de doble filo. El régimen las utiliza para acusar a los manifestantes de espionaje, un delito que puede acarrear largas penas de cárcel e incluso la pena de muerte. Sheermohammadi ha concluido que estas injerencias externas, lejos de ayudar, complican la situación de los detenidos. "Lo primero que dijo un alto cargo iraní es que 'ahora entendemos quién está detrás de esas protestas', queriendo decir que es Estados Unidos y seguramente Israel", ha explicado. Esta narrativa oficial pone en grave peligro a los manifestantes, que pueden ser acusados de espionaje "sin tener ningún tipo de prueba", como ya ha ocurrido en el pasado.