Llegados a este punto, ya podemos asegurar lo que hace tiempo predecíamos: el ámbito en el que deben dirimirse los casos de acoso sexual, agresiones y maltrato a las mujeres es el judicial, donde la víctima y el presunto agresor se encuentren en un espacio en el que se garantice la protección de la primera y los derechos fundamentales de ambos. Los movimientos en los que meras denuncias extrajudiciales se convertían en prueba de cargo contra un hombre han demostrado ser un terreno resbaladizo y oscuro en el que, por mucho que existan casos verdaderos y graves, siempre sobrevuela la desagradable sospecha de que existan ajustes de cuentas y se desarrollen juicios paralelos. Llama la atención, sin embargo, que el partido que ha abanderado y validado este tipo de fórmulas heterodoxas de justicia se vea ahora enredado en las debilidades de su propio sistema. A lo que estamos asistiendo en las últimas semanas es a cómo el Partido Socialista ha quedado atrapado en la trampa del 'MeToo' que ellos mismos contribuyeron a montar en contra de las más elementales nociones del Estado de derecho. La última noticia es que el PSOE pone fin al anonimato en las denuncias de sus canales internos y que, a partir de ahora, los datos de quienes los utilicen quedarán registrados, aunque sean, como prometen, confidenciales. El partido alega que no revelará tales informaciones y que, de este modo, las investigaciones sobre los casos conocidos por esta vía serán más eficaces. El tiempo y la manera en que los socialistas se conduzcan en el futuro confirmarán si esta es la verdadera motivación del cambio. Conviene recordar que, hasta ahora, el partido del Gobierno ha dormido las denuncias durante meses y que, solo cuando ha sentido el aliento de la opinión pública y de la prensa, ha mostrado interés en promover investigaciones. De poco sirve un canal de denuncias si no funciona para impulsar pesquisas en casos de presunto acoso y sí para detectar las debilidades de la organización, actuar de manera discreta para que los problemas no salgan a la luz y, en definitiva, utilizarlo como un sistema de control de daños reputacional. Resulta difícil no desconfiar de las verdaderas intenciones del PSOE cuando detuvo procesos y solo tomó cartas en el asunto al verse en las portadas de los periódicos, todo ello sin apartar realmente a los presuntos culpables de sus puestos de poder. Cabe recordar que casos como el que afecta a Paco Salazar tuvieron presuntamente lugar en las cimas del poder, en Ferraz y en el círculo de mayor confianza del presidente en La Moncloa, y que muchos de los señalados siguieron manteniendo vínculos con el partido a través de vías oficiosas como la asesoría privada. Durante este tiempo, como sucede aún hoy, el PSOE dedicó su músculo político a una ya desesperada estrategia de atacar a la derecha y de asustar a los ciudadanos con la llegada de hordas machistas, mientras los acosadores actuaban desde lo más alto de su estructura. En la práctica, y pese a la cosmética política aplicada, el sistema ha terminado por ahuyentar, señalar y desproteger a las víctimas. Como decíamos al principio, este tipo de sistemas parajudiciales solo han servido como pirotecnia ideológica para la izquierda. Mucho más útil habría sido que la organización hubiera apoyado jurídicamente a las mujeres que se sintieron acosadas para que acudieran a la Justicia, el único ámbito en el que puede protegerse de verdad tanto a la denunciante como los derechos irrenunciables del denunciado. Prueba de que el PSOE parece que están más por proteger a los acusados que a las víctimas es que la historia de Salazar o Tomé se repite en Extremadura, en la persona del delegado del Gobierno en la región, José Luis Quintana, que recientemente ha sido nombrado responsable de la gestora del partido allí tras la renuncia de Gallardo después del descalabro en las autonómicas. Una militante y concejal denunció por acoso laboral a Quintana, que negado rotundamente las acusaciones, calificándolas de bulo. El entorno de la denunciante insiste en que la dirección federal tenía cocimiento del caso, pero que aún así no se detuvo el ascenso de a la dirección regional de Quintana, que es amigo personal de Sánchez y forma parte de sus círculos de confianza. De hecho, sobre él también pesan dos denuncias sobre un posible amaño de las primarias extremeñas, que por supuesto duermen el sueño de los justos en el último cajón de Ferraz.