Cuando una ley aprobada en el Senado permanece más de un año paralizada en el Congreso, sin debate ni explicación, no estamos ante un simple retraso parlamentario. Estamos ante un secuestro político. Y en este caso, la responsable tiene nombre y apellido: Francina Armengol. Desde su posición como presidenta del Congreso, mantiene retenida la ley del PP contra la okupación ilegal, impidiendo que llegue al Pleno y negando a los ciudadanos el derecho a una respuesta institucional frente a un problema creciente.