El año 2026 se perfila en Córdoba como un ejercicio clave para abordar retos estructurales que afectan de lleno tanto al bienestar social como al educativo. La caída sostenida de la natalidad, la sobrecarga del sistema y de los docentes y el aumento de la vulnerabilidad social obligan a las administraciones a replantear sus políticas públicas. El reto pasa por ir más allá -de una vez por todas- de respuestas coyunturales. Educación y servicios sociales comparten desafíos similares, cada uno desde su ámbito, pero que pasan por reforzar recursos, personal y prevención para garantizar la cohesión social y la igualdad de oportunidades.