La indefensión de los propietarios ante un inquilino que deja de pagar y se declara vulnerable, conocido popularmente como inquiokupa, se ha convertido en una de las grandes preocupaciones del mercado del alquiler. La actual ley de vivienda protege a estas personas, lo que en la práctica puede impedir al arrendador recuperar su casa durante años. Sin embargo, ha surgido una estrategia legal que cambia por completo el escenario: demostrar que no se trata de un simple impago, sino de una estafa premeditada. El problema de base, según explican los expertos, radica en que la ley obliga al Estado a proporcionar una alternativa habitacional al inquilino vulnerable. Ante la escasez de vivienda pública, esta obligación nunca se cumple, por lo que, en la práctica, "el propietario acaba siendo la vivienda social durante años". Esta situación ha llevado a muchos dueños a buscar soluciones para evitar que su propiedad quede bloqueada indefinidamente por un impago. La clave para sortear el bloqueo legal pasa por cambiar la naturaleza del procedimiento judicial. En lugar de tramitar el impago como un incumplimiento de contrato por la vía civil, la solución es enfocarlo como un delito de estafa por la vía penal. Para ello, es fundamental poder demostrar que el inquilino actuó con engaño desde el principio, es decir, que firmó el contrato de alquiler sin tener ninguna intención de cumplir con sus obligaciones de pago. Según un experto en la materia, "si se demuestra que desde el inicio actuó con engaño o intención de no pagar, se puede denunciar por delito de estafa". Este enfoque tiene consecuencias determinantes, ya que, al tratarse de un procedimiento penal, la protección especial que la ley de vivienda concede a las personas vulnerables deja de tener efecto. Esto abre la puerta a solicitar medidas cautelares de desalojo rápido que agilizan enormemente la recuperación del inmueble. La ventaja es clara: en un proceso por estafa, "la ley de vivienda no aplica, y da igual que sean vulnerables". De este modo, se evita el principal escollo que eterniza los desahucios por la vía civil y que deja a los propietarios en una situación de total desprotección e impotencia durante meses o incluso años. Como medida preventiva, algunos profesionales ya han comenzado a incluir una cláusula específica en sus contratos de alquiler. En ella, se advierte explícitamente al futuro inquilino de que, en caso de detectarse cualquier tipo de falsificación documental o una intención oculta de impago, la propiedad actuará directamente por la vía penal en lugar de la civil. Esta advertencia se refuerza, además, con una comunicación verbal antes de la firma. El efecto de esta simple medida es, según sus impulsores, muy significativo. La mera mención de posibles consecuencias penales actúa como un potente filtro disuasorio para aquellos que pudieran tener intenciones fraudulentas. "Solo esa conversación ya disuade a muchos", señala el experto, demostrando que la transparencia y la advertencia previa son herramientas eficaces para protegerse del fenómeno de la "inquiocupación".