La tensión en Villamanín sigue latente días después de que la suerte de la lotería de Navidad destapara un problema mayúsculo: la comisión de fiestas vendió más participaciones de las que estaban respaldadas por décimos reales. Lo que comenzó con la euforia de un premio se ha convertido en una crisis con un déficit de cuatro millones de euros y un acuerdo inicial que no termina de materializarse. Ante la amenaza de una batalla legal, el abogado experto en conflictos de lotería, José Luis Cortés, ha analizado la situación y ha advertido sobre los riesgos de no aceptar un pacto, aunque implique una renuncia. Para Cortés, la solución más inteligente para los afectados pasa por el acuerdo extrajudicial. Aunque los vecinos tienen derecho a reclamar por la vía civil e incluso penal, el letrado insiste en que un pacto es la opción más favorable por "paz social y eficiencia", siempre que la comisión de fiestas actúe con total transparencia. Según ha explicado, este acuerdo debe articularse correctamente y formalizarse ante un notario para que sea vinculante para todas las partes que lo firmen. Uno de los mayores riesgos es que no todos los premiados acepten el pacto. Cortés subraya que, por sentido común, el acuerdo debería ser unánime. "Si hay alguno que no esté de acuerdo y que inicie, por ejemplo, la vía penal, pues lógicamente el acuerdo no va a ser ejecutable", advierte. Una sola denuncia podría llevar a un juez a tomar medidas cautelares, como la consignación de los décimos premiados, lo que paralizaría cualquier pago y dejaría el pacto en papel mojado. Otra de las grandes incógnitas es contra quién deberían dirigir sus acciones legales los vecinos. El abogado aclara que la comisión de fiestas, al no pertenecer al ayuntamiento, actúa como un ente privado, similar a una "sociedad civil irregular". Esto tiene una consecuencia directa: la responsabilidad no es solo de la comisión como entidad, sino también personal y solidaria de cada uno de sus miembros. Por tanto, "la demanda o la denuncia se tendría que poner no solamente frente a la comisión, sino también frente a los integrantes de esa comisión", ha señalado Cortés. El letrado ha dibujado un panorama poco alentador para quienes prefieran acudir a los tribunales. Si la comisión se declara insolvente, algo que ya ha insinuado al admitir un "desfase patrimonial", tendría que iniciar un concurso de acreedores. Este proceso implicaría el nombramiento de un administrador concursal y el inicio de un procedimiento que se podría alargar "dos, tres o cuatro años". Además de la espera, los costes se dispararían. "Al final se pueden encontrar con que no es un 5 o 10 por ciento, sino con un 25 o un 30 por 100 menos", ha sentenciado Cortés, debido a los honorarios de abogados, procuradores y administradores. En definitiva, la disyuntiva para los premiados de Villamanín es clara: aceptar una quita de entre el 5% y el 10% ahora o arriesgarse a un proceso judicial que no solo demorará el cobro durante años, sino que probablemente resultará en una pérdida económica mucho mayor. Cortés concluye con una reflexión que va más allá de los números, recordando que en estos conflictos "el tiempo, la energía y la emoción" también son factores cruciales que los afectados deben sopesar.