La crisis abierta en Venezuela tras la operación militar de Estados Unidos, que según Washington culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, ha provocado reacciones en el Reino Unido marcadas por la prudencia del Gobierno y por una creciente presión política y social para que Londres fije una posición clara sobre la legalidad de la intervención. El primer ministro, Keir Starmer , ha negado de forma tajante cualquier participación del Reino Unido en la operación. «El Reino Unido no está implicado en esto de ninguna manera», afirmó este sábado, al tiempo que subrayó que aún no ha hablado con el presidente estadounidense, Donald Trump. Starmer explicó que, dada la rapidez con la que se están desarrollando los acontecimientos, su prioridad inmediata es aclarar lo sucedido antes de emitir una valoración definitiva. «Siempre digo y creo que debemos defender el derecho internacional », señaló, para añadir a continuación: «Pero en esta fase, en una situación que se mueve tan rápido, establezcamos primero los hechos y sigamos a partir de ahí». El primer ministro también indicó que está trabajando con la embajada británica en Caracas para garantizar la seguridad de los ciudadanos del Reino Unido en el país sudamericano. Según precisó, alrededor de 500 británicos se encuentran actualmente en Venezuela , y el objetivo del Gobierno es que estén «bien atendidos, protegidos y reciban el asesoramiento adecuado». Nigel Farage , líder de Reform UK, describió la operación como «poco ortodoxa» y difícil de encajar dentro del marco del derecho internacional, aunque introdujo una lectura geopolítica al sugerir que una demostración de fuerza de este tipo podría servir para «frenar futuras agresiones de Rusia o China». El exlíder laborista y actual diputado independiente Jeremy Corbyn denunció la intervención como un ataque ilegal y no provocado. Corbyn sostuvo que se trata de «un acto de guerra que pone en peligro a la población civil» y reclamó al Gobierno británico una condena explícita de cualquier acción militar que no cuente con respaldo del derecho internacional. En una línea similar se expresó el líder liberal demócrata, Ed Davey, quien instó a Starmer a condenar lo sucedido. «Maduro es un dictador brutal e ilegítimo, pero acciones ilegales como esta no hacen al mundo más seguro», afirmó, antes de advertir de que la actuación de Trump «envía una señal peligrosa que puede alentar a dirigentes como Putin o Xi a atacar a otros países con total impunidad». El Partido Verde también reclamó una respuesta más firme por parte del Ejecutivo. Su dirigente en Inglaterra y Gales, Zack Polanski, pidió una condena clara de la operación, que calificó de «ilegal» y de «violación del derecho internacional». Polanski sostuvo que la relación estratégica con Estados Unidos no puede justificar el silencio ante una acción militar controvertida y defendió que el Reino Unido debe reafirmar sin ambigüedades su compromiso con la legalidad internacional. Fuera del ámbito parlamentario, organizaciones pacifistas y movimientos contrarios a la guerra han difundido comunicados en los que rechazan los bombardeos y alertan contra lo que consideran un nuevo intento de promover un cambio de régimen por la vía militar. Estos colectivos insisten en la necesidad de una respuesta diplomática y multilateral que evite una escalada mayor del conflicto y recuerdan las consecuencias humanas y regionales de intervenciones similares en otros países.