En la madrugada de hoy, el mundo ha presenciado un hecho que marcará un antes y un después en la historia reciente de Iberoamérica: fuerzas especiales de Estados Unidos han ingresado en Caracas, han tomado el Palacio de Miraflores y capturado al dictador Nicolás Maduro y a su esposa , trasladándolos a territorio estadounidense para ser juzgados por narcotráfico y terrorismo. La imagen de helicópteros norteamericanos sobre la capital venezolana evoca otras operaciones de alta tensión geopolítica, como la invasión rusa de Kiev en 2022. Pero las similitudes se acaban en lo visual: Estados Unidos ha intervenido no para derrocar una democracia, sino para terminar con una dictadura implacable.  La operación vulnera el derecho internacional. Ningún país puede intervenir militarmente en otro sin el aval de la legalidad internacional. Pero esta afirmación, aunque cierta, exige matices. Porque si bien EE.UU. ha vulnerado el principio de no intervención, Maduro había pisoteado desde mucho antes los derechos humanos de su pueblo, culminando con el fraude electoral del verano de 2024, que sólo fue posible gracias a la inacción de gran parte de la comunidad internacional. La lista de atropellos del chavismo es extensa. En 2024, Maduro impidió el acceso al poder de Edmundo González, presidente electo con amplio respaldo popular. Instituciones democráticas fueron desmanteladas, opositores encarcelados, torturados o asesinados; se persiguió a exiliados y se fomentó el narcotráfico como medio de financiación del régimen. Más de siete millones de venezolanos han huido del país, muchos hacia España. Lamentablemente, se ha llegado a un punto en el que el chavismo sólo podía ser superado por la fuerza, porque su esencia, como ha quedado demostrado, se basaba justamente en la fuerza y la represión. El paralelismo con la captura del dictador panameño Manuel Antonio Noriega en 1989 es inevitable. Como entonces, un dictador se perpetuó tras robarse unas elecciones. Como entonces, EE.UU. intervino para restablecer una legalidad, aunque fuera bajo su propia interpretación de la ley. Noriega fue extraditado, juzgado con garantías y condenado. Cabe esperar que Maduro y su esposa reciban el mismo trato y que los tribunales norteamericanos aporten no solo justicia, sino también verdad. El colapso institucional de Venezuela fue promovido por la habilidad de Maduro para manipular el sistema jurídico. Capturó el Poder Judicial, domesticó al órgano electoral, burló al Parlamento democrático, creó una Constituyente paralela y sobrevivió a la proclamación de Juan Guaidó como presidente encargado. Todo ello con el silencio cómplice de muchos gobiernos. En este punto, España debe hacer examen de conciencia. Nuestra diplomacia, que antaño siguió objetivos de Estado, ha sido capturada por el sanchismo, cuya actitud hacia Venezuela ha sido ambigua y oportunista. Figuras como José Luis Rodríguez Zapatero sirvieron de puente para legitimar al chavismo en foros internacionales, anteponiendo intereses partidistas a los derechos humanos. Esta tibieza ha debilitado a la Unión Europea y empañado nuestra credibilidad regional. La división iberoamericana también ha sido lamentable. El Grupo de Puebla y otros aliados ideológicos blindaron a Maduro, mientras las democracias más robustas optaron por la pasividad. El resultado: un régimen envalentonado que llevó al país al borde del colapso humanitario. Con la caída de Maduro se abre una oportunidad. El presidente Donald Trump ha declarado que no permitirá que nadie del régimen chavista ocupe el lugar de Maduro, y ha afirmado su compromiso con una transición plena hacia la democracia. Esta postura endurece el tono internacional y establece un marco claro para el país. Pero el futuro inmediato no está exento de peligros. La transición debe ser liderada por los propios venezolanos, con apoyo internacional, pero sin imposiciones. La comunidad internacional debe evitar el error de Libia: derrocar a un dictador sin construir un orden político viable. La OEA, la ONU y la Unión Europea pueden tener un papel, aunque hasta ahora hayan arrastrado los pies. Las imágenes de esta madrugada deben entenderse en su complejidad. No son la prueba de un imperialismo desbocado, sino el último recurso ante una dictadura cerrada a cualquier transición pacífica. Y aunque el derecho internacional ha sido forzado, también es cierto que éste no puede servir como escudo para la impunidad de un dictador. La captura de Maduro puede ser el primer paso hacia una nueva etapa en Venezuela: que Edmundo González asuma el cargo que le fue robado, que se libere a los presos políticos, que los exiliados regresen, que las instituciones recuperen su autonomía y donde, finalmente, la justicia prevalezca sobre la barbarie.