Se trata de una conducta que el Tribunal Supremo ha calificado de «violencia económica». Tipificada de forma expresa en el Código Penal y castigada con una pena que puede alcanzar el año de prisión, paradójicamente es un delito demasiado habitual. Se trata de la del impago de la pensión de alimentos a la que deben hacer frente los padres o madres separados con respecto a sus hijos. Los juzgados de Vigo y del resto de la provincia de Pontevedra abrieron en un solo año un total de 330 procedimientos contra progenitores que incumplieron esta obligación económica. Aunque estos casos se suelen resolver en la vía civil, en los juzgados de Familia encargados de dirimir las medidas derivadas de un divorcio, cuando el impago se alarga en el tiempo traspasa esta frontera judicial y acaba en la penal. Y pese a no ser la norma, no es excepcional que haya progenitores que acaben entrando en la cárcel si son reincidentes o se constata una «voluntad renuente» a cumplir con esta mensualidad. Si, pese a tener capacidad económica, no abonan «ni un solo euro», como ocurrió en un caso en el que la Audiencia de Vigo confirmó la decisión de la jueza de lo Penal de que un padre fuese privado de libertad.