Los abogados de oficio podrán asesorar a las familias desde el inicio de los trámites administrativos de desamparo y no solo cuando lleguen al juzgado como hasta ahora Catalunya remodela la Dirección de Infancia para atajar la crisis y la aparta de las contrataciones públicas con centros de menores Novedad relevante en una de las carpetas más sensibles del Govern . La Generalitat y el Consejo de la Abogacía Catalana (CICAC) han acordado que, por primera vez, las familias a las que la administración abre un expediente de desamparo de sus hijos puedan disponer, desde el inicio del proceso, de un abogado de oficio. Esto implica que la justicia gratuita se amplía al procedimiento administrativo, y no solo cuando el caso llegaba al juzgado, como hasta ahora. La creación de un nuevo módulo específico de abogacía de oficio para garantizar la asistencia jurídica gratuita en los expedientes administrativos de desamparo tramitados por la Dirección General de Prevención y Protección de la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA), la antigua DGAIA , era una vieja reivindicación de la abogacía catalana. Los letrados y letradas denunciaban que la falta de asesoramiento jurídico a las familias (muchas de ellas con pocos recursos) las dejaba indefensas en el trámite administrativo. El acuerdo de la conselleria de Justicia, la de Derechos Sociales y el CICAC prevé que un abogado del turno de oficio intervenga tanto en el expediente previo al desamparo como en la solicitud de revisión del mismo siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la ley de asistencia jurídica gratuita. Por cada actuación se abonará un importe de 100 euros, y la previsión de la conselleria es invertir un total de 90.000 euros en 2026 mediante un convenio con el CICAC. El conseller de Justicia, Ramon Espadaler, ha destacado que esta medida “supone un paso muy relevante en la garantía de los derechos de las familias y de los niños, porque introduce el acompañamiento jurídico desde el primer momento en un procedimiento especialmente delicado”. Tanto la Generalitat como los colegios de abogados eran conscientes de las situaciones complejas que suponen los expedientes de desamparo. El objetivo de la medida es “asegurar que ninguna familia afronte sola un proceso administrativo de gran complejidad e impacto personal, reforzando la seguridad jurídica y la calidad de las decisiones que se toman”, ha agregado Espadaler. Por su parte, el presidente del Consejo de la Abogacía Catalana, Rogeli Montoliu, ha remarcado que la incorporación de la abogacía de oficio en esta fase “corrige una anomalía del sistema que dejaba a las familias sin defensa en un momento clave del procedimiento”, y “fortalece el sistema de protección a la infancia porque hace las decisiones más sólidas, más garantistas y jurídicamente más robustas”. Hasta ahora, las familias sometidas a un proceso de desamparo silo tenían derecho a un abogado del turno de oficio a partir de la judicialización del caso, es decir, una vez que la Generalitat dictaba la resolución administrativa de desamparo y se recurría ante la jurisdicción contencioso-administrativa. La asistencia jurídica gratuita es un derecho que ampara a las personas con menos recursos, independientemente de donde vivan. Generalmente es la única puerta de entrada al sistema de las personas que precisan de acudir a la vía judicial, pero que no pueden permitirse abogados caros ni sufragar procesos que se alargan durante años. El servicio la asistencia a detenidos, los abogados del turno de oficio y el acompañamiento en procedimientos civiles, penales, sociales, administrativos o de familia. El acuerdo para proporcionar abogado de oficio en los procesos de desamparo se incluye en el nuevo acuerdo entre la Generalitat y el CICAC que prevé una aportación adicional de 5,7 millones de euros anuales durante cuatro años (2026-2029) -hasta alcanzar un total de 22,8 millones de euros- para reforzar estructuralmente el servicio de asistencia jurídica gratuita en Catalunya. Además, también se ha firmado el nuevo convenio anual para el turno de oficio de 2026, que alcanza los 74,2 millones de euros.