El presidente de CSIF en Castilla y León, Benjamín Castro, ha hecho balance del año 2025 en una entrevista en COPE, un ejercicio marcado por acuerdos importantes en sanidad y educación, pero que deja asignaturas pendientes de cara a un 2026 lleno de retos legislativos y laborales para los empleados públicos de la comunidad. Uno de los hitos del 2025 ha sido la aprobación de la ley para los puestos sanitarios de difícil cobertura, una norma en la que el sindicato ha sido partícipe. Aunque Castro considera que "llega un poco tarde" y no es "todo lo buena que entendemos, especialmente en las cuantías", se ha felicitado por su promulgación. La ley incluye mejoras para hacer más atractivas estas plazas, como tener en cuenta la maternidad y facilitar el desarrollo profesional y la investigación. En el ámbito de la educación pública, el balance es muy positivo. Castro ha señalado que en Castilla y León "estamos de enhorabuena", ya que se han alcanzado diferentes acuerdos que ponen en valor el trabajo de los docentes. Entre los logros, ha destacado la subida de la cuantía de los cuarto y quinto sexenios, la convocatoria de 1.000 cátedras y la mejora en las cuantías de itinerancias. En materia de incendios, el presidente de CSIF ha recordado la tragedia del verano, con 138.000 hectáreas calcinadas y tres fallecidos. "Teníamos razón cuando decíamos que era un sistema fallido", ha afirmado, criticando la "improvisación" de la Junta. El sindicato defiende un modelo de operativo 100% público que trabaje durante todo el año y pide al gobierno "sentarse a negociar con buena fe". En educación, todavía hay reivindicaciones sobre la mesa, como la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para implantar las enfermeras escolares, para la que ya se han recogido más de 40.000 firmas y que se prevé presentar en las Cortes Generales en primavera. También ha señalado la necesidad de reducir el exceso de burocracia y de avanzar en el desarrollo del estatuto docente. De cara a 2026, el principal objetivo de CSIF es el "cumplimiento del acuerdo" salarial firmado con el Gobierno de España, que supone un incremento del 4% y rompe la congelación que sufrían los empleados públicos. En Castilla y León, 96.000 empleados públicos lo cobrarán en enero. Además, el sindicato ha marcado como prioridades varias batallas legislativas, como la ley de agentes medioambientales y la ley de función pública, e invita a la Junta a extender el modelo de puestos de difícil cobertura a otros ámbitos de la administración.