Oriana Aciego llegó a Canarias a mediados de la década pasada desde su Venezuela natal y, a pesar de ser licenciada en Periodismo, solo logró acomodo en el sector de la hostelería. Trabajando de camarera en el Hotel Abama, ubicado en la localidad Playa de San Juan (Tenerife), conoció a un compatriota y cliente habitual, Carlos Martínez, que le propuso en junio de 2022 crear una empresa para operar en el sector de los hidrocarburos: Canary Island Fuel Company. Tenía cero experiencia en el sector, pero con su 'sí', acababa de convertirse en la testaferro ideal de una organización criminal liderada (siempre según la Audiencia Nacional) por los empresarios Víctor de Aldama y Claudio Rivas. La operativa de esta trama era tan sencilla como efectiva. Logran una licencia de operadora mayorista para la mercantil Villafuel. Ésta comienza a adquirir a otros operadores como Exolum distintos productos petrolíferos y, ficticiamente, simula su transmisión a siete empresas interpuestas, suministradoras o subcuentas -entre las que estaba Canary Island Fuel Company-, que actuaban bajo el control de la organización criminal y servían para ocultar la transmisión directa y real del hidrocarburo a los verdaderos destinatarios finales. El impuesto del IVA, que debían asumir esas interpuestas, nunca era abonado al Estado y así consiguieron defraudar una cuota de 182,5 millones de euros desde septiembre de 2022. Luego llegó octubre de 2024 y la Unidad Central Operativa (UCO) les detuvo y reventó el sistema. Como en toda operación criminal, lo interesante para los investigadores es dar ahora con el 'cauce' usado por la trama para mover esos fondos y devolverlos con el tiempo a la 'vida' legal . En diferentes atestados de la UCO y de la Agencia Tributaria, consultados por ABC, se destaca que la trama de Aldama y Rivas usó esas mismas empresas interpuestas como «canales de blanqueo a través del que canalizar esos fondos de procedencia delictiva a terceros países para alejarlos, ocultarlos y dificultar su trazabilidad».  Esas mercantiles 'fake' eran Obaoil 3000 SL, Salamanca Fuel Center SL, Canary Island Fuel Company, Casmar Hidrocarburos SL, Carburantes Jalón Plaza, Skyward Tech y Espaeventos SL. Y desde algunas de ellas se movieron cantidades abultadas de dinero hacia mercantiles portuguesas presuntamente relacionadas con la trama. Tres de ellas, Atmosferaudaz Unipessoal LDA, Proezencontrada LDA y Cuboflamejante LDA, eran administradas por Aldama.  Para la UCO, el papel de Aldama en la trama era «imprescindible» dado que tenía una estructura empresarial y unos contactos sin los que la organización criminal habría quedado «inoperativa». De hecho, en el último informe de la UCO ya se hablaba a las claras de que lograron «penetrar» en varios ministerios y que gastaron «1 kilo» en comprar voluntades políticas, y en el informe elaborado en 2024 específicamente sobre él, se explicaba que fue el encargado de «establecer la ingeniería financiera para posicionar los fondos en jurisdicciones como Portugal, Colombia y China ». Pero, ¿cómo canalizaban los fondos de origen ilícito hacia esas mercantiles portuguesas? Pues por medio de «contratos ficticios por la prestación de servicios de localización de proveedores, asesoramiento periódico y gestión de ventas». Y como muestra un botón: Salamanca Fuel SL abonó 2,4 millones de euros a Cuboflamejante LDA -propiedad de Aldama- según un informe de la Agencia Tributaria, y 1,4 millones de euros a otra portuguesa denominada Agarrobvio Unipessoal LDA que, curiosamente, compartía domicilio censal con Atmosferaudaz Unipessoal LDA. Esa misma mercantil, Salamanca Fuel SL, envió a la portuguesa Atmosferaudaz LDA (Aldama) otros 3,8 millones de euros a cambio de, supuestamente y según los testaferros interrogados, conseguir nuevos clientes. «Es decir, los fondos se transfieren desde una sociedad titulada por el propio Aldama a otra controlada en la sombra por éste», indica la UCO. A ese movimiento, la UCO suma otros, como los realizados por la Canary Island de la testaferro-periodista Oriana Aciego, que confesó a la Guardia Civil tras su detención que había enviado desde esa mercantil 2 millones de euros a Atmosferaudaz Unipessoal LDA y que incluso llegó a tener que comprar una serie de botellas de Vega Sicilia por importe de 30.000 euros para enviarlas a uno de los domicilios madrileños del empresario Aldama. Otra de las vías que usó la trama fue el canal chino. Consta en la investigación que se usó la mercantil Tsai & Iwa LDA, administrada por una persona llamada Iwa Lou, que era pareja del taiwanés Lan Chun Tsai -vinculado a operativas previas asociadas al blanqueo de capitales-, «para transferir parte de los beneficios obtenidos a China, posiblemente Macao». Concreta la UCO que, al menos, percibió fondos de Casmar Hidrocarburos SL. Pero el canal portugués, a juzgar por la investigación, fue el favorito. Así, desde esas suministradoras 'fake' se detectaron movimientos que suman más de 30 millones de euros hacia otras mercantiles del país vecino que estarían también vinculadas a la trama, como Diálogo Erudito Unipessoal, Palacios & Abadías LDA, Letras e Contrastes LDA, Cálculo Corrente Unipessoal LDA, Airosioasis Unipessoal LDA, Around Pages Unipessoal o Labirinto de Bruma Unipessoal. También se detectaron transferencias por valor de 36 millones a la cuenta portuguesa de la propia Villafuel. En total, y según un primer cálculo realizado por la propia Agencia Tributaria, las transferencias a destinos como Portugal, Colombia y China desde la estructura empresarial de la organización criminal ascendió a 73,9 millones de euros a fecha de marzo de 2024. Tras el ocultamiento de los fondos, llegaba un momento delicado para la trama: Blanquear los mismos para poder disfrutarlos. Según la UCO, «Aldama retornaba parte de ellos a España en forma de inversiones inmobiliarias». En esa treta se enmarca, por ejemplo, la compra por parte de Atmosferaudaz de un garaje y un trastero en Sotogrande (urbanización de lujo en Cádiz). De ese detalle, el Instituto Armado relata que «resulta obvio en el caso del garaje que los diferentes cambios de titularidad se incardinan en la ocultación de los bienes que titulan los miembros de la organización y por ende las mercantiles». Mismo modus operandi se dio con una vivienda ubicada en la exclusiva urbanización de La Moraleja (en Alcobendas, Madrid) en mayo de 2023, que Atmosferaudaz -es decir, Aldama- adquirió por valor de 2 millones de euros. Se da la circunstancia de que esa casa fue transferida ese mismo año a la sociedad Martina 2017 Real State (coincide el nombre de la sociedad con el de la hija de Aldama) por ese mismo valor y que era administrada por la expareja del empresario, Patricia Ramos. De igual forma, la sociedad portuguesa adquirió en San Agustín de Guadalix una parcela por valor de 146.000 euros y, curiosamente, la compró a MTM 180 Capital SL, sociedad administrada por Aldama. De esa forma, logró regresar a España esa cantidad vendiéndose a sí mismo esa parcela de la sierra madrileña. En definitiva, y siempre según los investigadores, Aldama habría comprado con sociedades portuguesas bienes inmuebles en España que luego eran transferidos a sociedades como la de su exmujer, logrando así aflorar cantidades millonarias gracias al ladrillo. Pero esas argucias para convertir en 'A' lo que antes fue 'B' trascendió a esas operaciones inmobiliarias y, de hecho, se tradujo también en compras de vehículos de alta gama que eran disfrutados por la trama ya en España. La UCO incluye incluso la adquisición por parte de la sociedad portuguesa de Aldama de un Ferrari F12, valorado en más 200.000 euros, según páginas de venta online consultadas. De hecho, se usaron también esos fondos para hacer frente a la reforma de un piso en el Paseo de la Castellana adquirido por Aldama mediante la sociedad Batarse, sociedad que controlaba indirectamente, según la UCO. Casualmente, esa vivienda fue alquilada por Batarse a Atmosferaudaz por 15.000 euros al mes, de manera que Aldama se pagaba a sí mismo un alquiler exorbitado mes a mes. Otra de las empresas que se habrían usado en España para retornar los fondos de origen delictivo pudo ser la mercantil Logística Comercial Montelimar, controlada también por Aldama. La Agencia Tributaria expone en su informe que tiene registrados dos movimientos de entrada de capital desde una cuenta portuguesa desconocida por valor de 3,5 millones de euros. Hacienda recalca que, a juzgar por las declaraciones tributarias de esa mercantil, su volumen de facturación no justifica esos cobros. A los 12 días de haber recibido tal cantidad de dinero, compró por 3,52 millones un inmueble en Málaga. A estas mercantiles españolas se suman otras usadas presuntamente por la trama para repatriar fondos, como la Armeria Argali o Cacera Concejo SL. Y de todos estos movimientos de divisas, previsiblemente, deberán responder los dos cabecillas de la trama (Aldama y Rivas) cuando declaren en calidad de imputados a finales de enero ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que les investiga por delitos contra la Hacienda Pública, organización criminal y blanqueo de capitales.