Sin margen de maniobra - Las zonas más afectadas se concentran en el sureste, la meseta manchega, el sur de Extremadura, áreas vitivinícolas de Castilla y León y La Rioja, además de los archipiélagos canario y balear y partes del valle del Ebro y del Guadalquivir El deterioro del suelo suele avanzar sin señales visibles hasta que condiciona cultivos, reservas de agua y actividades económicas enteras. Durante años, España se percibió en una franja de menor riesgo, lejos del nivel de presión que afrontan áreas como el norte de África, Oriente Próximo o amplias zonas de Asia central. Esa sensación de relativa seguridad se apoyaba en la diversidad climática y en la idea de que el problema quedaba circunscrito a espacios muy concretos. Sin embargo, ese planteamiento dejaba fuera procesos menos evidentes que dependen del uso del agua y de la intensidad de las prácticas agrícolas. Esa falta de una visión integrada exigía un diagnóstico que tradujera la degradación en datos verificables y comparables . El reparto territorial dibuja contrastes muy acusados entre comunidades La Universidad de Alicante y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas identificaron ese vacío mediante el primer Atlas de la Desertificación de España , un estudio que cuantifica la degradación del suelo y su extensión territorial. El trabajo fija que la degradación afecta al 43,35% del territorio español y que la desertificación alcanza al 60,94% de las zonas áridas, unos 206.203 kilómetros cuadrados. Ese resultado convierte una percepción general en un diagnóstico medido, con cifras que permiten seguir la evolución del proceso y compararlo entre regiones. Además, el Atlas establece una base común para evaluar la capacidad productiva del suelo y su relación con el uso del agua. El consumo intensivo en amplias áreas habitadas lleva a proponer reutilización, mejora de infraestructuras, desalinización y transferencias entre cuencas La distribución regional muestra un patrón desigual que concentra los mayores niveles de aridez en el sureste peninsular y en varios archipiélagos. La Región de Murcia aparece con el 99,8% de su territorio clasificado como árido, seguida de Canarias con el 92,7%, Castilla-La Mancha con el 90,5%, Baleares con el 85,4% y la Comunitat Valenciana con el 84,4%. En el extremo opuesto, Cantabria, Galicia y Asturias no presentan zonas áridas según el Atlas, lo que introduce un contraste territorial marcado. Otras áreas con presencia relevante del fenómeno se localizan en la meseta manchega, el sur de Extremadura, zonas vitivinícolas de Castilla y León y La Rioja, además del valle del Ebro y parte del Guadalquivir. El uso del agua marca el ritmo del problema y de las posibles respuestas El Atlas de la Desertificación en España incluye 66 mapas que integran variables de clima, agua, suelo, cubierta forestal, biodiversidad y factores sociales . Para su elaboración se utilizó un algoritmo Random Forest que combina indicadores sobre acuíferos, humedales y suelo, además de variables asociadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta metodología permite cruzar datos ambientales con usos humanos del territorio . El documento está disponible en formato digital y ofrece una base común para estudios posteriores. Esa estructura facilita comparar zonas con dinámicas distintas dentro del mismo marco técnico. La gestión del agua aparece como uno de los elementos que más condicionan el proceso. El Atlas indica que el 42% del territorio consume más del 80% del agua dulce del país y que cuatro de cada cinco personas viven en zonas áridas. En ese contexto, los investigadores plantean medidas como la reutilización de aguas residuales, la mejora de redes para reducir pérdidas, la desalinización y los trasvases, teniendo en cuenta que solo se reutiliza el 12% de los 4.000 hectómetros cúbicos consumidos en entornos urbanos. Estas propuestas se formulan como respuestas operativas a un escenario de lluvias irregulares y aumento de temperaturas. La presentación del Atlas por parte de la Universidad de Alicante y el CSIC subraya que la desertificación es uno de los principales problemas ambientales del país . Los autores señalan que su gravedad y extensión aumentan por el cambio climático y por el uso no sostenible de los recursos naturales, y que cartografiar el proceso es un paso previo para diseñar respuestas ajustadas a cada territorio . El documento ofrece así una base común para evaluar riesgos y orientar decisiones públicas sin recurrir a comparaciones externas imprecisas.