Los expertos consultados por EL PERIÓDICO proponen el aumento de penas para los delitos vinculados al comercio ilegal de marihuana, tanto el relacionado directamente con el tráfico de drogas (delito contra la salud pública), como los asociados al fraude del suministro eléctrico que sirve para alimentar las plantaciones, así como a la ocupación de fincas en las que acaban alojados los cultivos. Asimismo, los juristas también hacen hincapié en la necesidad de introducir los cambios legislativos necesarios que permitan el desalojo en 48 horas de las viviendas usadas con fines delincuenciales o que puedan realizarlos directamente la policía. Estas son las principales propuestas.