En 2025, este escenario cambia de forma decisiva. El control de pisos turísticos en comunidades se ha endurecido tras la aplicación de la Ley de Propiedad Horizontal y la normativa autonómica andaluza. A partir de ahora, las nuevas viviendas turísticas necesitan el consentimiento expreso de la comunidad de propietarios, aprobado por una mayoría cualificada de tres quintas partes. Este cambio normativo supone un antes y un después. Muchas comunidades desconocen que ya no están obligadas a convivir con esta actividad si consideran que afecta a la seguridad, al descanso o al valor del inmueble. No actuar, sin embargo, puede suponer permitir una situación que luego será mucho más difícil revertir. Desde el punto de vista del administrador de fincas, el control de pisos turísticos en comunidades exige una actuación clara y preventiva. Informar correctamente a los propietarios, incluir el asunto en el orden del día de las juntas y asesorar jurídicamente sobre las opciones legales disponibles es fundamental para evitar conflictos futuros. Además, la Junta de Andalucía ha intensificado las inspecciones y ya ha procedido a la cancelación de miles de viviendas turísticas que operaban sin cumplir los requisitos legales. Esto implica que una comunidad mal informada puede verse envuelta en denuncias, procedimientos administrativos o incluso responsabilidades indirectas. En Administración de Fincas Cañavate trabajamos para anticiparnos a estos problemas. Nuestro objetivo es que las comunidades conozcan sus derechos, tomen decisiones informadas y protejan tanto la convivencia como el patrimonio común. Porque el control de pisos turísticos en comunidades ya no es una opción: es una responsabilidad que marcará el futuro de muchos edificios en Granada.