El Gobierno de Estados Unidos ha presentado su hoja de ruta para el futuro de Venezuela tras la extracción del dictador Nicolás Maduro. El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, ha comparecido ante el Congreso de EE.UU. para desgranar un plan de intervención estructurado en tres fases que busca, según sus palabras, tutelar la transición política del país sudamericano, priorizando la estabilización y el control económico. Este plan se pone en marcha después de la operación militar estadounidense que el pasado sábado 3 de enero acabó con la detención de Maduro, quien ya se ha presentado ante un juez de Nueva York por cargos de narcoterrorismo. Como consecuencia, Delcy Rodríguez, hasta ahora vicepresidenta del régimen, ha asumido una administración interina con el beneplácito y la supervisión directa de Washington, que se compromete a vigilar cada paso para evitar el colapso del país. La prioridad absoluta para la Casa Blanca es impedir que Venezuela se suma en la anarquía. El primer paso es la estabilización del país. No queremos que caiga en el caos, ha afirmado Rubio ante el Congreso. Para lograrlo, Estados Unidos confía en su principal herramienta de presión: la cuarentena, un bloqueo naval que ya está dando resultados con la incautación de dos nuevos buques petroleros. Dentro de esta estrategia de estabilización, el control del petróleo venezolano es la piedra angular. Rubio ha anunciado que está a punto de cerrarse un acuerdo sin precedentes para gestionar la riqueza petrolera del país. Tomaremos entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo. Lo venderemos en el mercado a precios de mercado, no con los descuentos que recibía Venezuela, ha explicado. Los fondos generados por esta venta masiva de crudo no irán a parar a la administración interina, sino que serán gestionados por un organismo internacional supervisado por Estados Unidos. El objetivo es asegurar que los beneficios se destinen directamente al pueblo venezolano. Según Rubio, ese dinero se manejará de tal manera que controlaremos su distribución para beneficiar al pueblo venezolano, no a la corrupción ni al régimen. Una vez estabilizado el país, comenzará la segunda etapa, denominada recuperación. Esta fase se centra en la reintegración de Venezuela en la economía global, garantizando que las empresas estadounidenses, occidentales y de otros países tengan acceso al mercado venezolano de forma justa, en palabras del secretario de Estado. Se busca así reconstruir el tejido empresarial y productivo tras años de aislamiento. En paralelo a la apertura económica, se impulsará un proceso de reconciliación nacional. Este marco contempla la amnistía para las fuerzas de la oposición, la liberación de los presos políticos y la repatriación de exiliados. El fin último es, según Marco Rubio, comenzar a reconstruir la sociedad civil para asentar las bases de una nueva etapa democrática. La hoja de ruta culmina con la tercera fase, la de transición, que consolidará la transformación política del país. Rubio ha admitido que las fases se solaparán en el tiempo, pero ha dejado claro que Estados Unidos mantendrá un monitoreo constante sobre las acciones de Delcy Rodríguez y su equipo de gobierno interino. Esta supervisión es la garantía del proceso iniciado con la captura de Maduro. El plan expuesto por Rubio evidencia un control férreo de Washington sobre el futuro inmediato de Venezuela. Desde la gestión de sus recursos naturales hasta la supervisión de su gobierno provisional, Estados Unidos asume un rol de tutor en un proceso complejo que busca cerrar definitivamente la era chavista y alinear al país sudamericano con los intereses occidentales. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha anunciado que mantendrá una reunión con representantes de Dinamarca para hablar sobre Groenlandia, en un momento de creciente polémica tras las declaraciones del presidente Donald Trump sobre el interés estadounidense en la isla. Rubio ha señalado que el encuentro servirá para dialogar con el Gobierno danés y tratar el asunto por la vía diplomática, en medio de las críticas internacionales que han suscitado las palabras de Trump y del rechazo expreso de Dinamarca a cualquier cuestionamiento de su soberanía sobre el territorio.