El Gobierno de Pedro Sánchez anunciaba este miércoles la intención de topar por decreto los intereses de los créditos al consumo y de las tarjetas revolving. Una realidad hasta la fecha relegada en las prioridades regulatorias pero que ha ganado peso en los usos de financiación de los particulares al multiplicarse la oferta y los actores en el mercado financiero, también digital. En términos prácticos, no existe una normativa europea de aplicación general que defina los baremos de esos tipos de interés. Sólo existe una directiva que obliga a los Estados miembros de la Unión a una regulación de esa práctica por ley. La consecuencia era que, hasta la fecha, su regulación quedaba en manos de los tribunales, con la dificultad objetiva que el proceso conlleva para el consumidor particular.