Los créditos al consumo se han disparado en España hasta alcanzar máximos históricos, una situación que ha llevado al Gobierno a tomar cartas en el asunto. Tal como se ha analizado en el programa Herrera en COPE, con Silvia Martínez y la jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, el stock de estos préstamos supera ya los 114.000 millones de euros, lo que representa un 15 % del crédito total de los hogares. Ante este escenario, el Ejecutivo ha dado el primer paso para topar los intereses que las entidades cobran por este tipo de financiación. De enero a octubre del año pasado, las familias españolas pidieron un 20 % más de préstamos personales, lo que evidencia la creciente dependencia de esta fórmula de financiación y la necesidad de una regulación más estricta. El anteproyecto de ley establece un límite máximo del 22 % TAE para los préstamos de cuantía inferior a 1.500 euros. Según ha detallado Marta Ruiz, este tope se irá reduciendo a medida que aumente el importe del crédito. La TAE (Tasa Anual Equivalente) es el indicador clave, ya que refleja el coste real de un préstamo al incluir tanto los intereses como los gastos y comisiones asociados. La nueva normativa también pone el foco en los microcréditos, que tendrán un tipo de interés mensual máximo del 4 % y una comisión que no podrá superar el 5 %. Además, se establece un plazo mínimo de devolución de tres meses y se obliga a las entidades a informar al cliente de todas las condiciones 24 horas antes de la contratación para garantizar una decisión meditada. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha explicado que el objetivo es reforzar la protección de los usuarios. Para ello, se creará una "reserva de actividad" que impedirá operar a entidades no reguladas. "Generamos, creamos esta reserva de actividad para que solo puedan conceder créditos al consumo, en este caso, entidades que estén autorizadas por el Banco de España", ha afirmado el ministro. Este anteproyecto de ley, que responde a la transposición de directivas europeas, deberá ahora superar toda la tramitación parlamentaria necesaria antes de su entrada en vigor definitiva. El fin último es garantizar un mercado de crédito al consumo más transparente y seguro para las familias. La normativa también introduce mayores obligaciones de conducta a los prestamistas de alto coste. En materia de publicidad, se prohíbe explícitamente destacar la facilidad o la rapidez en la obtención de estos créditos por encima de sus características esenciales, como son la tipología y, fundamentalmente, el coste total del crédito. Para aumentar la concurrencia y dar entrada a operadores no regulados se crean dos nuevas figuras: los Establecimientos Financieros de Crédito de Ámbito Limitado y los prestamistas de alto coste autorizados, que deberán estar registrados y supervisados por el Banco de España. A modo de ejemplo, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha detallado el cambio drástico en el coste: un microcrédito de 300 euros a 30 días, que de media cuesta 103 euros, pasará a tener un reembolso mínimo de tres meses con un coste máximo de 40 euros. Si el consumidor decidiera reembolsarlo en los primeros 30 días, el coste sería de tan solo 20 euros, evidenciando el enfoque en la protección del consumidor.