El Gobierno y la Iglesia católica han firmado un acuerdo histórico para poner en marcha un nuevo sistema de reparación para las víctimas de abusos sexuales cometidos en el seno de instituciones religiosas. El pacto, suscrito por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y los máximos representantes de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y de la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), supone un cambio profundo en la forma en que se gestionan estas reparaciones en España. El acuerdo, que supone la creación de la creación de un sistema de reparación mixto Iglesia-Estado y será sellado a lo largo de la mañana de este jueves, como avanza elDiario.es, llega tras meses de negociación y después de duras críticas al plan PRIVA, el mecanismo impulsado por la Iglesia en 2022, que dejaba todo el proceso en manos de la propia institución eclesiástica. Las asociaciones de víctimas denunciaron entonces la falta de transparencia, la lentitud, la revictimización y unas indemnizaciones que consideraban insuficientes. Con el nuevo modelo, el Estado pasa a desempeñar un papel central como garante del proceso. El objetivo del pacto es dar respuesta a miles de víctimas cuyos casos no pueden resolverse ya por la vía penal o civil, en muchos casos por prescripción, pero que reclaman reconocimiento, reparación y una respuesta institucional tras décadas de silencio. Un sistema mixto con supervisión pública El eje principal del acuerdo es la creación de un sistema de reparación mixto, en el que participan tanto el Estado como la Iglesia, aunque con funciones claramente diferenciadas. La Iglesia asume la responsabilidad económica de las compensaciones, mientras que el Estado garantiza la supervisión y el control del procedimiento. Las víctimas podrán iniciar el proceso a través de la Unidad de Atención a las Víctimas del Defensor del Pueblo, que se convierte en la puerta de entrada al sistema. Este organismo analizará los casos, escuchará a las víctimas y elaborará una propuesta de reparación basada en criterios objetivos y en las recomendaciones del informe del propio Defensor del Pueblo sobre los abusos en la Iglesia. Esa propuesta será trasladada a la Iglesia para su valoración. Si existe acuerdo, se ejecutará la reparación. En caso de desacuerdo, se activará una comisión mixta en la que participarán representantes del Gobierno, de la Iglesia y de las asociaciones de víctimas. El objetivo de esta comisión es alcanzar una decisión consensuada. Si no fuera posible, el Defensor del Pueblo tendrá la última palabra, actuando como árbitro independiente. Otra de las claves del acuerdo es que la Iglesia se compromete a garantizar el pago de las indemnizaciones, incluso si la diócesis o congregación concreta responsable de los abusos no asume directamente su parte. De este modo, se evita que las víctimas queden desprotegidas por falta de recursos o por conflictos internos dentro de la institución eclesiástica. El pacto también contempla la posibilidad de revisar los casos ya tramitados por el plan PRIVA. Las víctimas que no estén conformes con la resolución o la cuantía...