Castilla y León ha sumado 1060 agresiones a profesionales sanitarios en el año 2024, lo que representa casi un 31 por 100 más que en el ejercicio anterior. Según los datos del observatorio de la comunidad, en más del 83 por 100 de los casos (914 incidentes), las agresiones fueron a mujeres. Del total de trabajadores agredidos, 501 pertenecían al área de atención primaria y 550 a hospitales, siendo el personal facultativo y de enfermería los colectivos más afectados. Así lo ha confirmado el presidente del Consejo de Colegios de Enfermería de Castilla y León, Enrique Ruiz Forner, quien ha matizado que estas cifras se ajustan a la realidad, pero con un matiz importante: "corresponden única y exclusivamente al ámbito público", por lo que no se están teniendo en cuenta los incidentes en la sanidad privada. Forner lamenta que "estamos viendo que esto se incrementa cada año, aumentan más los casos de agresiones". El Consejo de Enfermería reclama a Sanidad que redefina su estrategia y critica que los datos que se manejan están "trasnochados", pues pertenecen a 2024 y todavía no se ha publicado ninguna recopilación sobre el año 2025. Además, Ruiz Forner señala que el Observatorio de la comunidad ha reducido sus reuniones anuales a una sola. "Si no tenemos esos datos o no se publican, difícilmente podemos plantear una estrategia que vaya encaminada a la reducción de todos esos casos", afirma. El presidente del Consejo asegura que, con la información disponible, "se sabe el centro, se sabe la época, se sabe el horario, se sabe incluso hasta quién, porque a veces se repite la agresión por parte del agresor". Por ello, insiste en que "se podrían poner más medios para reducir las agresiones", como más personal de seguridad en los puntos y franjas horarias de mayor conflictividad. Otro de los grandes problemas es el miedo a denunciar. Ruiz Forner explica que, aunque se han impartido cursos para que los profesionales aprendan a identificar y rebajar la tensión, pero el temor a las consecuencias frena las denuncias. Apunta que incluso hay profesionales a los que les cuesta reincorporarse al trabajo por "miedo de que vuelvan a ser agredidos", y que muchas agresiones "se quedan sin conocimiento por miedo" a represalias. Para atajarlo, el colectivo propuso a la fiscalía y al juez decano de Ávila una solución para que la denuncia no fuera personal, sino que se pudiera usar el número de colegiado, de forma similar a como actúan la Policía o la Guardia Civil. Según Forner, "ese anonimato sí que daría lugar a que los profesionales" denunciaran, protegiéndolos de posibles consecuencias. El objetivo final, concluye, es que los datos sirvan para "llevar a cabo estrategias para reducir en lo máximo posible" la violencia, en lugar de quedarse solo en una cifra anual.