La Conferencia Episcopal Española, CONFER y el Gobierno de España han acordado este jueves, 8 de enero, para atender a las víctimas de abusos sexuales a través del Defensor del Pueblo para aquellas personas que no deseen acudir directamente a la Comisión PRIVA establecida por la Iglesia. El acuerdo ha sido suscrito por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el presidente del episcopado español, Luis Argüello y el presidente de la Conferencia de Religiosos, Jesús Díaz Sariego. Un acuerdo que tiene una duración de un año, aunque podría prorrogarse un segundo, y solo aplicable para aquellas causas que no hayan tenido y no puedan tener recorrido judicial bien por la prescripción del delito o por la muerte del victimario. El acuerdo contempla dos de las peticiones de la Iglesia al Ejecutivo de Pedro Sánchez: por un lado el compromiso de que esta reparación integral de los menores víctimas de abusos sexuales se amplíe a cualquier ámbito de la vida pública, y en segundo lugar que las reparaciones económicas a las víctimas estén exentas del impuesto sobre la Renta. El acuerdo recoge que la Oficina del Defensor del Pueblo estudiará los casos presentados y propondrá un cauce de reparación que será estudiado por la Comisión PRIVA establecida por la Iglesia. En caso de discrepancia de la valoración, una comisión mixta estudiará el caso que, en última instancia será establecido por el Defensor del Pueblo tras escuchar al presidente de la Conferencia Episcopal o de la CONFER según el caso. Este sistema acordado de reconocimiento y reparación, tendrá el criterio técnico de la Oficina del Defensor del Pueblo, la evaluación de la Comisión del PRIVA, el consenso Iglesia Católica-Estado y la participación de las víctimas. El sistema establecido no está basado en la imposición de una obligación jurídica, sino en el compromiso moral de la Iglesia y el mutuo acuerdo de las partes.