La concesión a Autopistas del Atlántico (Audasa) de la AP-9 tendría que haber expirado en agosto de 2023, cuando entró en vigor la prórroga aprobada a principios de este siglo por el Gobierno de José María Aznar, considerada contraria a derecho por la Comisión Europea. A día de hoy, la autopista seguirá siendo de pago hasta 2048, frente a una enorme contestación social y de los sectores económicos de la comunidad.