La situación de la ocupación ilegal vuelve a generar un caso dramático en Menorca. Un jubilado de 73 años residente en Maó se ha visto obligado a vivir en una habitación por la que paga 400 euros al mes, mientras su propia casa lleva más de cuatro años ocupada por una familia que no abona el alquiler. El afectado, además, continúa haciendo frente a la hipoteca de la vivienda, así como a las facturas de luz y agua, una situación que ha llevado a su familia al límite de la desesperación. El yerno del propietario, José Simbaña, ha sido quien ha denunciado públicamente este calvario en los micrófonos de Cope Menorca. Según explica, su suegro, que tiene familia en Castellón, decidió alquilar su piso hace más de cuatro años. Cuando quiso recuperar su vivienda, solicitó de manera cordial a los inquilinos que la desocuparan en un tiempo determinado. Sin embargo, la respuesta fue el cese de los pagos y el inicio de un largo y costoso proceso que todavía no ha terminado. La pesadilla no es solo emocional, sino también económica. La deuda acumulada por el impago del alquiler, fijado en 600 euros mensuales, asciende ya a más de 28.000 euros. A esta cifra hay que sumar los más de 1.000 euros que el propietario lleva gastados en abogados para intentar recuperar lo que es suyo. "Hemos presentado recursos y todo esto, y no hay manera", lamenta Simbaña, quien critica la ineficacia de la ley en estos casos. La situación financiera del jubilado es crítica. Con una pensión de 1.200 euros, apenas puede cubrir todos los gastos. "Imagínese, entre la hipoteca, los 400 euros que paga por la habitación, la luz y el agua, supongo que ya todo el mensual de mi suegro se le irá", explica su yerno. La situación ha llegado a tal punto que, de vez en cuando, el hombre se ve obligado a pedirle dinero a su familia para poder subsistir. La impotencia es el sentimiento que domina a la familia, que ve cómo el propietario está en una situación de precariedad mientras los ocupantes permanecen en su casa. "Mi suegro está aquí y está mal viviendo en una habitación pagando 400 euros", denuncia José Simbaña, resumiendo la paradoja de un propietario convertido en inquilino a la fuerza en su propia ciudad. El principal obstáculo para la recuperación de la vivienda es la catalogación de la familia ocupante como vulnerable. "Los juzgados han dicho que no le pueden echar porque tienen menores de edad", comenta Simbaña. Según el auto judicial, el hombre de la familia percibe unos 800 euros y la mujer figura como desempleada desde 2020, lo que les otorga la protección de los servicios sociales. Sin embargo, la versión de los vecinos parece contradecir esta situación de vulnerabilidad. Según relata el yerno, le han comentado que al hombre "se le ve salir a trabajar todos los días" y sospecha que podría estar trabajando "en negro" para no declarar todos sus ingresos. Esta situación frustra aún más a la familia del propietario, que se siente desamparada por el sistema. "No sé cómo está hecha la ley, porque aparte es una persona de tercera edad y, pues, esto molesta", afirma José. José Simbaña, que se identifica como extranjero, expresa su perplejidad ante el hecho de que no se proteja de igual manera a su suegro, un ciudadano español de 73 años. "Lo único que yo pido es que tanto Asuntos Sociales, que protege a esta gente, pues me gustaría también que le protegiera a él", reclama, subrayando la necesidad de dar amparo a una persona mayor que no puede disponer de su hogar. La familia no solo desea recuperar la vivienda, sino también poder atender adecuadamente al jubilado. "Nosotros nos gustaría poner una persona para que le cuide a él en su casa, y no podemos", lamenta Simbana. La ocupación les impide disponer del espacio necesario para garantizar su bienestar en esta etapa de su vida. Ante esta encrucijada, José Simbana hace un llamamiento directo a las autoridades locales para que intervengan. "Pido también al señor alcalde de Maó que ponga de su parte y mire la situación de mi suegro", solicita. La petición se extiende a Asuntos Sociales, a quienes insta a que "les ayude a buscar un piso a esa familia, para que mi suegro pueda optar a su vivienda, que es suya". En definitiva, un ruego para que cada uno tenga lo que le corresponde y poner fin a una pesadilla que dura ya demasiado tiempo.