El obispo de Bilbao, Joseba Segura, ha afirmado que el acuerdo firmado entre el Gobierno, la Conferencia Episcopal Española (CEE) y la Conferencia Española de Religiosos (CONFER) para atender a las víctimas de abusos sexuales a través del Defensor del Pueblo supone un paso "razonable" que "a muchas víctimas les puede parecer importante". Asimismo, ha valorado que la Iglesia ha realizado un "esfuerzo serio" con su comisión PRIVA y está "intentando hacer bien las cosas". Palabras de Segura tras el acuerdo entre la Iglesia española y el Gobierno para "abrir una vía a través del Defensor del Pueblo para la reparación de aquellas personas víctimas de abusos sexuales que no deseen acudir directamente a la Comisión PRIVA", establecida por la Iglesia. El obispo bilbaíno ha recordado que esta comisión se puso en marcha hace un año, después de que la Asamblea Episcopal decidiera asumir la "responsabilidad moral" de la Iglesia en casos en los que "no existe responsabilidad jurídica", como en delitos prescritos o con el agresor fallecido. "Yo tengo la sensación de que el Gobierno ha descubierto que, efectivamente, las cosas se estaban haciendo mejor de lo que ellos creían", ha declarado Segura, quien cree que esto llevó al Ejecutivo a renunciar a crear una comisión estatal específica y a optar por trabajar con la ya existente. Del mismo modo, ha dicho que este nuevo acuerdo abre "una nueva ventanilla" para que las personas que no quieren presentar los casos directamente a través de la Iglesia, puedan hacerlo bajo la supervisión del Defensor del Pueblo. "Creo que es una decisión razonable y creo que a muchas víctimas les puede parecer importante este paso", ha indicado. Segura ha resaltado el funcionamiento de PRIVA, afirmando que la reparación integral que ofrece en ocasiones incluye una compensación económica que ha "sorprendido" a algunas víctimas por ser "superior a lo que habría establecido la legislación ordinaria" en casos judiciales. Así, ha insistido, "parece que estamos haciendo un esfuerzo serio, interesante e importante para tomar en serio la responsabilidad también en este aspecto económico". No obstante, ha hecho hincapié en que la motivación principal de las víctimas no es económica, sino que la mayoría lo único que quiere es que se sepa lo que le pasó. Por ello, ha subrayado la importancia de escuchar con "seriedad" y "confianza" sus testimonios. Por otro lado, cree "fundamental" que la sociedad se dé cuenta de que "esta responsabilidad que ha asumido la Iglesia no puede ser sólo de la Iglesia", sino que tiene que "ser también de todas las instituciones que han tenido casos de abusos". En este sentido, ha mencionado el ejemplo de una víctima de un colegio público que actualmente "no tiene ninguna posibilidad de recurrir porque no hay ninguna forma ni procedimiento para poder hacerlo". A su entender, "el Gobierno está abriendo esa posibilidad" y, aunque "se dé cuenta de que es una responsabilidad muy compleja y que, desde el punto de vista económico, puede suponer mucho dinero, tiene que abrirla". Además, ha destacado que el acuerdo firmado recoge precisamente el compromiso gubernamental de abordar la "reparación integral" de las víctimas en "cualquier ámbito de la vida social" y establece que las indemnizaciones acordadas estarán exentas del Impuesto sobre la Renta.