Amasaron fortunas a costa de la salud de la gente. Por eso, una de las formas de hacer justicia, además de con las pertinentes penas de cárcel, es que ese patrimonio pase a manos de la sociedad en la que la droga hizo tantos estragos. Tras procesos judiciales siempre demasiado lentos, algunos ayuntamientos gallegos intentan hacerse con el patrimonio que un día perteneció a los clanes de la droga. Ahora, el Ayuntamiento de A Illa de Arousa (Pontevedra) pretende adquirir la mansión en la que Marcial Dorado y su familia todavía viven, pese a que ya es de titularidad del Estado. Supondría un gran desembolso para un concello de unos 5.000 habitantes. Y en los últimos meses se ha desatado una batalla política en el ámbito local que ha dado el salto al autonómico. Marcial Dorado es uno de los reyes del contrabando de tabaco de finales del siglo XX. Fue condenado también por blanquear dinero procedente del narcotráfico, aunque él siempre ha negado haber dado el salto del 'winston de batea' a la cocaína. Su nombre volvió a sonar a nivel nacional cuando se publicaron las fotografías de algunos viajes que el contrabandista había compartido con el ahora líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, antes incluso de que este presidiera la Xunta. Desde luego, esto hay que tenerlo en cuenta para entender la discordia política ahora desatada a propósito de la gran mansión que el contrabandista posee, y disfruta, en la calle Lagartiño de A Illa. La intención del alcalde, el socialista Luis Arosa, es que el inmueble, que ya es propiedad del Estado aunque todavía no se ha podido desahuciar a la familia Dorado, pase a manos municipales. Lo que quiere es, según ha explicado a ABC, convertirla en una especie de instalaciones de carácter «intergeneracional»: una residencia para mayores, tipo centro de día, pero también con espacio para los más jóvenes, aprovechando la piscina y la pista de tenis. «Pelearé hasta donde pueda para conseguirlo», dice el alcalde. El PP, en la oposición en este ayuntamiento arousano, arremetió contra el PSOE y el BNG, que controlan el gobierno municipal, por su pretensión de hacerse con un inmueble cuyo coste –todavía por determinar– considerarían un dispendio para las arcas municipales: «Quieren comprar una mansión, ¿es prioritario? ¿es lo que necesitamos? Deberían estar centrados en lo importante y dejarse de cumplir sus caprichos con dinero del pueblo», escribieron en las redes sociales. El PSOE gallego, en plena crisis interna y en mínimos históricos en el Parlamento autonómico, está tratando de aprovecharlo para, aunque sea sin citarla, devolver al primer plano la vieja amistad de Feijóo con Dorado. Este jueves, el PSdeG ha anunciado que presentará una batería de preguntas en la Cámara autonómica para que la Xunta aclare si se alinea con el PP local, que rechaza la compra, o incluso si ese posicionamiento de los populares isleños obedece a «indicaciones expresas de la Consellería de Política Social o del presidente de la Xunta». La diputada socialista Paloma Castro comparte la finalidad simbólica y práctica de dicha adquisición. Por una parte, reforzaría la red pública de atención a personas mayores en una comarca «que sufre un déficit evidente de plazas residenciales» y, por otro lado, transformaría un espacio ligado a «un pasado oscuro» en un «acto de justicia social y dignidad democrática». En todo caso, de llevarse a la práctica, ni será pronto ni se sabe cuál podría ser la fórmula. El alcalde, según detalla a este diario, ya se ha reunido con los responsables del Plan Nacional sobre Drogas, dependiente del Ministerio de Sanidad y encargados de subastar los bienes incautados a los narcotraficantes, para mostrarles su interés en que la mansión pase a manos municipales. «Tendremos que sentarnos para buscar la fórmula», explica el regidor, que confía en que todo pueda llegar a buen puerto. Y es que hay ya varios precedentes en la comarca de propiedades de traficantes que pasan a ser de titularidad de los ayuntamientos donde están situados. De los primeros, y tal vez el más sonado, el pazo de Vista Real, del clan de los Charlines, en Vilanova de Arousa, que hace ya más de 15 años que es municipal y donde algunos quieren hacer también un centro de día. Pero también del patrimonio incautado a Dorado –de más de 20 millones de euros– han podido sacar tajada los ayuntamientos. Un edificio de Vilagarcía de Arousa que era de su propiedad está a la espera de los permisos pertinentes para convertirlo en un centro social. Y en la misma Illa de Arousa, hace apenas un mes, el Concello se ha hecho con dos fincas de 3.500 metros cada una, que están pagando «a plazos». En al menos una de ellas se prevé construir vivienda pública.